En medio de la tensión por el Decreto Supremo 5676, que aumenta el precio del litro de diésel para grandes consumidores, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, precisó que no afirmó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) haya condicionado al Gobierno de Bolivia levantar la subvención a los combustibles para acceder al crédito de $us 1.900 millones.
La autoridad rectificó sus declaraciones de la anterior semana y afirmó que el organismo multilateral estableció otro tipo de condiciones, como estabilizar el tipo de cambio y garantizar la seguridad para los inversionistas.
“Yo no planteé que era una condición levantar la subvención. Lo que yo decía era que para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario había que cumplir varias condiciones, y que hemos venido trabajando en ellas”, declaró.
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De acuerdo con la autoridad, para que un país acceda a un convenio con el FMI “debe lograr generar credibilidad en las condiciones que ofrece”.
“Esas condiciones la estamos trabajando, pero no es que el Fondo Monetario a dicho ‘condición a, b, c, no’; pero si hay que brindar seguridad jurídica, si tiene que ser ratificado por la Asamblea Legislativa, hay que cumplir los requisitos”, dijo.
El pasado jueves, durante una reunión con representantes de la asociaciones de municipios, Aramayo sostuvo que el acuerdo técnico entre el Estado boliviano y el FMI, que contempla un crédito de $us 1.900 millones, “viene atado a muchos otros elementos que han sido decisiones complejas que se han tenido que tomar, poco populares y para nada gratas”.
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“El Decreto 5676 al que hacía referencia el presidente de la FAM es uno de los condicionamientos que tenemos de parte del FMI en tanto liberación de precios de los hidrocarburantes”, afirmó durante el evento al que asistió junto al presidente Rodrigo Paz y otros ministros de Estado.
Empero, este lunes afirmó que el Gobierno no pretender sellar acuerdos que vulneren la normativa vigente, ya que existen mecanismos de fiscalización que lo impiden. En ese marco, subrayó la importancia de obtener resultados a corto plazo mediante los procedimientos constitucionales como alternativas a las vías que pasan por el órgano Legislativo que – a su criterio – solo garantizan respuestas a mediano y largo plazo.
“La población necesita respuestas de corto plazo, no le podemos decir a la población: ‘dentro de 10 años, veremos qué sucede’. Tenemos que avanzar en el camino que permita dar respuestas a temas muy urgentes”, expresó.
Reiteró que las negociaciones con el FMI se encuentran en la etapa final, aunque remarcó que los recursos no son “una bolsa de la que podamos echar manos para poder distribuir”, sino “es un acuerdo para poder alimentar un programa monetario y fiscal que posiblemente va a permitir alimentar otras fuentes de financiamiento”.