El vocero de la Presidencia, José Luis Gálvez, afirmó que una eventual abrogación del Decreto Supremo 5676, que fija un precio diferenciado para grandes consumidores de diésel, no resolverá la crisis por desabastecimiento, al contrario, podría agudizarla, por lo que afirmó que la una posible salida pasa por revisar las demandas de los sectores afectados y consensuar modificaciones a la norma.
“En realidad, la abrogación no resuelve el problema. Se abroga, por decirles, y va a seguir, es más, se va a agudizar la falta de diésel. Lo que tenemos que hacer es ser correctos, creativos, dialogar, entender las necesidades y resolverlas”, declaró ante los medios de prensa en Santa Cruz.
Indicó que el órgano Ejecutivo realizar una serie de reuniones con diferentes sectores para recoger las propuestas de ajustes a la disposición y avanzar con posibles modificaciones que permitan garantizar el abastecimiento y reducir las extensas filas en los diferentes surtidores.
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“Tenemos que trabajar para continuar el plan (gubernamental), venimos a conversar sobre propuestas específicas que permitan ir resolviendo con los sectores y terminemos con que todos tengamos diésel y se eliminen las colas”, expresó.
Gálvez sostuvo que la escasez responde no solo a factores internos, sino también las dificultades para adquirir el carburante en el mercado externo y las variables en el precio por conflictos internacionales. “El diésel está sumamente escaso y sumamente caro, no por factores internos en el país solamente, sino porque han habido daños estructurales a la infraestructura refinera”, añadió.
El pronunciamiento del órgano Ejecutivo se produce en medio del rechazo de diferentes sectores, principalmente productores de Santa Cruz. Un reciente congreso de las principales entidades productivas resolvió exigir la abrogación del Decreto Supremo 5676 y gestiona ante el Comité Cívico Pro Santa Cruz una nueva sesión de la Asamblea de la Cruceñidad para definir medidas de presión.
La institución cívica accedió a la solicitud de los productores y anunció que definirá la fecha oficial del encuentro este martes, mientras aguarda una respuesta concreta del Gobierno para normalizar el suministro.
Al respecto, el ministro de Producción Sostenible, Óscar Mario Justiniano, instó a los sectores movilizados a optar por el diálogo con el órgano Ejecutivo antes de activar medidas de presión.
Afirmó que la solución a la crisis no depende únicamente de modificar el contenido de una norma, sino de buscar los mecanismos adecuados para establecer un precio único que permita enfrentar el contrabando y el mercado negro, además de garantizar el abastecimiento a la población.