El Gobierno identificó un presunto daño económico de Bs. 871.573.979,35 al Estado en dos contratos suscritos entre YPFB Refinación y la empresa Agroindustrial del Este – Indueste S.R.L. para proveer materia prima destinada a la producción de biodiésel en Santa Cruz.
Los contratos alcanzaron en conjunto Bs. 1.058,4 millones y derivaron en el desembolso de Bs. 788,6 millones en anticipos, cerca del 75% del monto total. Según el viceministro de Transparencia, Marcelo García, la empresa «no cumplió» con la provisión de aceite crudo de soya.
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«Deberían concurrir al menos dos garantías, la del cumplimiento del contrato por el 7% y la de anticipo, pero en este caso no han existido las garantías», afirmó.
García denunció que entre las irregularidades está la modificación del Reglamento de Garantías de YPFB Refinación, que atenuó condiciones en beneficio de ambas partes. «De principio a fin han concurrido una serie de hechos sistemáticamente realizados para beneficiar a una empresa con más de 870 millones de bolivianos que no han retornado nunca al patrimonio de YPFB», sostuvo.
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El Viceministerio de Transparencia presentó dos denuncias ante la Fiscalía por hechos de corrupción contra 14 personas, entre ellas el representante legal y socios de la empresa, y gerentes y exfuncionarios de YPFB Refinación.
Se suscribió la terminación de uno de los contratos y se acordó devolver Bs. 336,4 millones, pero la empresa ofreció dos terrenos agrícolas como garantía que presentaban restricciones legales para su embargo.

