La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) se adhirió al rechazo del Decreto Supremo 5676, que establece un precio diferenciado para grandes consumidores de diésel, y advirtió que la medida promueve el desvió irregular de combustible subvencionado.
Mediante un comunicado, la organización afirmó que la norma no solo alcanzará a grandes consumidores, sino también a pequeños y medianos productores porque los 120 litros mensuales, asignados como base para el cobro de Bs 18 el litro, corresponde al consumo de un tractor pequeño durante pocos días de trabajo.
“La norma se comunicó como una medida para grandes consumidores y en los hechos golpea a miles de pequeños y medianos productores que producen alimentos para el país y que pasan a pagar casi el doble por su principal consumo”, indica el pronunciamiento oficial.
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Ante la crisis de abastecimiento y las filas nuevamente extendidas en los surtidores, el Gobierno aprobó el Decreto 5676, que dispone la segmentación del precio del carburante. Particulares, transporte público y transporte pesado que carguen directamente en surtidores mantendrán los Bs 9,80 por litro, mientras determinados consumidores que adquieren diésel para trasladarlo a sus instalaciones pagarán un precio referencial que comienza en Bs 18 y posteriormente será variable.
Anapo denunció que, debido a la emergencia energética, sus productores adquieren diésel entre Bs 15 y Bs 18 por litro de operadores informales que se abastecen del combustible subvencionado a Bs 9,80. Subrayó que la cadena de desvío irregular y reventa “opera a la vista de todos y lleva meses funcionando”.
“Su permanencia no se explica por falta de información: o existe incapacidad de las instancias de control, o existe tolerancia hacia quienes lucran. Anapo exigen que sea investigado y esclarecido”, dice el comunicado.
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Respecto a la disposición, la organización sostiene que no elimina el traslado del carburante al mercado negro, sino que promueve el acopio de combustible subvencionado para su posterior reventa al sector productivo.
«El decreto no elimina el mercado negro: solo lo incentiva y le fija un precio oficial de referencia”, afirma.
Añadió que los productores de alimentos representan el 17% del consumo nacional de diésel y sostuvo que el incremento no tendrá un impacto significativo sobre la subvención, pero sí sobre los costos de producción.
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En su comunicado, Anapo explica que el ajuste en pleno proceso de cosecha de la campaña de invierno, con cultivos como sorgo, maíz, trigo y girasol, y a pocas semanas del inicio de la campaña de verano, pone en riesgo la superficie de siembra y se trasladará a los costos de la producción nacional.
“Esta medida puede significar el cierre de miles de unidades productivas y con ello, el ciudadano que hoy se cree a salvo de la medida será quien termine pagándola en el precio final de los alimentos como la carne de pollo, carne de res, carne de cerdo, leche, huevo, entre otros”, señala.
Otro de los puntos que cuestiona la institución es el desabastecimiento, pues los productores continúan enfrentando extensa filas, cupos restringidos y autorizaciones discrecionales para acceder al combustible. “Al productor no le sirve un litro más caro si sigue sin poder comprarlo cunando lo necesita”, añade.
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Anapo precisó que su posición no implica una defensa de la subvención ni una solicitud de privilegios, sino que la normativa genera nuevos obstáculos para el productor, mantiene los incentivos para agrandar el mercado irregular y no garantiza el abastecimiento.

