La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia anunció que esperarán que concluya el Estado de excepción para activar medidas de presión “fuertes y contundentes” por el incumplimiento de acuerdos previos por parte del Gobierno sobre el abastecimiento de combustibles, medidas de alivio económico y mantenimiento de carreteras.
“Las autoridades no han cumplido en su momento los compromisos que han hecho (…) Una vez que se levante el Estado de excepción no queda otra situación que tomar medidas contundentes porque no pueden trabajar los compañeros”, afirmó el secretario general de la organización, Víctor Tarqui.
La determinación fue adoptada en un ampliado realizado en la ciudad de Cochabamba, la anterior semana. Según el dirigente, el encuentro apuntó a los ministerios de Economía e Hidrocarburos, la Aduana Nacional, Impuestos Nacionales y otras instituciones por el incumplimiento de convenios firmados en reuniones anteriores.
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Entre las demandas del sector está el abastecimiento de diésel, la ejecución de proyectos carreteros y el cumplimiento de acuerdos relacionados con alivios económicos debido al periodo de bloqueos registrado entre mayo y junio.
Tarqui sostuvo que el sector del transporte se convirtió en “objeto de burla” del órgano Ejecutivo, ya que los diferentes acuerdos firmados con las autoridades no lograron resultados en los casí nueve meses de gestión de la actual administración.
Por ejemplo, afirmó que, si bien existe cierta normalidad en el abastecimiento de gasolina, las filas para obtener diésel persisten pese a que las carreteras están expeditas. “El transporte pesado trabajaba (realizaba) tres viajes al mes, hoy ya no puede completar ni uno y medio”, dijo.
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También existen reclamos por los avances en el proceso de resarcimiento por los daños atribuidos a la provisión de carburante contaminado; trabas para acceder a alivios económicos, como reprogramación o refinanciamiento de sus créditos bancarios o el Fondo de Garantía de Crédito para el Transporte (FONGAT); y demoras en la ejecución de proyectos viales.
“Las resoluciones son claras y concretas: tiene que haber movilizaciones totalmente fuertes una vez que termine el Estado de excepción”, anunció.
El 20 de junio, en la recta final del reciente conflicto social, el presidente Rodrigo Paz decretó el Estado de excepción para persuadir a las organizaciones sociales movilizadas levantar los últimos puntos de bloqueos y restablecer la libe transitabilidad a nivel nacional.
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La medida tiene una vigencia inicial de 90 días y puede ser extendida previa aprobación del órgano Legislativo. A la fecha, aún restan 48 días para su conclusión.