El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez, confirmó que existe una pugna de poder entre el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), cuya presencia persiste en territorio boliviano.
Según la autoridad, las dos mayores organizaciones criminales de Brasil disputan las rutas establecidas para el tráfico de sustancias controladas y el control territorial del departamento.
“Existen varias hipótesis sobre lo que ellos están disputando: uno sería el poder para apropiarse de las líneas del narcotráfico”, declaró a la red Unitel.
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Durante el informe presentado la noche del 2 de agosto, las autoridades se refirieron a tres hechos de sangre registrados en la región: el asesinato del subteniente Yerson Salazar Aliendres en San Matías, la muerte del veterinario Luis Daner P.S. en San Ignacio de Velasco y el ataque armado contra un ciudadano brasileño en una discoteca de Santa Cruz de la Sierra.
Según las investigaciones preliminares, el uniformado fue emboscado por una organización criminal integrada por ciudadanos bolivianos y brasileños. Tras el ataque, los responsables calcinaron el cuerpo del uniformado. Los restos fueron trasladados a la capital cruceña para una nueva autopsia antes de ser entregados a sus familiares.
Otro de los hechos investigados es el asesinato de un veterinario, quien fue atacado mientras limpiaba una pollería de su propiedad en San Ignacio de Velasco. De acuerdo con la investigación, dos hombres llegaron en motocicleta y dispararon contra la víctima.
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El examen médico preliminar estableció al menos 12 impactos de bala, cifra que será confirmada mediante la autopsia médico legal. Hasta el momento, la Policía no ha determinado si la víctima tenía algún vínculo con las organizaciones criminales que operan en la zona fronteriza.
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) también investiga un ataque armado ocurrido en una discoteca ubicada en el sexto anillo de la avenida Banzer, donde un ciudadano brasileño resultó herido tras ser baleado por un hombre que ingresó al local.
Las investigaciones continúan para localizar al sospechoso, quien fue identificado, y esclarecer las circunstancias del hecho.
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Ante ello, el jefe policial informó que desde hace tres semanas se reforzó la presencia policial en San Ignacio de Velasco con el despliegue de 10 patrullas para contener el conflicto entre ambas facciones vinculadas al narcotráfico.
Afirmó que se realizan todos los esfuerzos para frenar la delincuencia y los operativos en coordinación con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN). Recientemente, la fuerza del orden intervino dos pistas clandestinas que contaba con infraestructura, combustible para aeronaves y uniformes de tipo militar. “Son pistas que utilizan los narcotraficantes para poder sacar la droga hacia Brasil y también Paraguay”, afirmó.
“Se encontró muy buena cantidad de avigás, que es un combustible para las avionetas. También se encontró infraestructura donde se encontraban cocinas y demás. Todos aquellos implementos para poder realizar o elaborar alimentos”, añadió el jefe policial.
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También destacó el respaldo de las Fuerzas Armadas (FFAA) para fortalecer la presencia institucional en zonas fronterizas, como en San Matías, donde unidades militares realizan patrullajes preventivos desde el domingo.
No obstante, al ser consultado sobre si es posible garantizar que no habrá más muertes, Gómez respondió: “No podemos garantizar porque, de alguna manera, estas dos facciones extranjeras que son de Brasil están queriendo causar zozobra”.
Los tres casos se suman a una semana marcada por la violencia en Santa Cruz, donde al menos nueve personas perdieron la vida en distintos hechos que aún son investigados.
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Ante este escenario, autoridades departamentales y representantes cívicos exigieron al Gobierno nacional acciones inmediatas para enfrentar el avance del crimen organizado y fortalecer la seguridad ciudadana.
En la misma línea, el vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, pidió conocer los resultados de los compromisos asumidos el pasado 2 de mayo por autoridades nacionales, departamentales, municipales y del sistema judicial para combatir al crimen organizado.
«Queremos saber qué se decidió, quién responde, cuándo se ejecuta y cómo se medirán los resultados. El crimen no espera. El Estado tampoco puede hacerlo«, manifestó.