Las principales instituciones empresariales del país —la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP) y la Cámara Nacional de Industrias (CNI)— emitieron pronunciamientos públicos en medio de la controversia judicial que SOBOCE mantiene con Fancesa, y advirtieron sobre el riesgo que este caso representa para la seguridad jurídica, la confianza de los inversionistas y el clima de inversión privada en Bolivia.
El pronunciamiento conjunto de los tres gremios se produce después de que SOBOCE recordara, que el Estado boliviano aún no le ha pagado la indemnización —que supera los 300 millones de dólares— por la expropiación de su participación accionaria en Fancesa, dispuesta, hace 16 años, mediante el Decreto Supremo N.° 0616 de 2010.
CAINCO
La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO) expresó su preocupación por la situación que atraviesa SOBOCE, empresa afiliada con una destacada trayectoria y un importante aporte al desarrollo productivo, la inversión y la generación de empleo en el país. La entidad recordó que la obligación de pago establecida en el Decreto Supremo N.° 0616 continúa pendiente de cumplimiento pese al tiempo transcurrido, y sostuvo que «situaciones de esta naturaleza trascienden el interés de las partes y adquieren relevancia para toda la economía».
En ese marco, CAINCO hizo un «respetuoso llamado a las autoridades competentes» para que impulsen las acciones necesarias para resolver de manera definitiva el caso, «haciendo prevalecer la legalidad, la seguridad jurídica y el respeto al Estado de Derecho». La cámara cruceña remarcó que la seguridad jurídica, la confianza en las instituciones y el cumplimiento oportuno de las obligaciones asumidas por el Estado son condiciones esenciales para la inversión, el desarrollo productivo y la generación de empleo.
Empresarios de La Paz
La Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP) emitió un comunicado a la opinión pública en el que reafirma su «compromiso con la seguridad jurídica, el Estado de Derecho y el debido proceso». La federación señaló que, ante la denuncia formal presentada por SOBOCE, existe «una profunda preocupación» por las implicaciones que este tipo de situaciones genera sobre la certidumbre jurídica, la confianza empresarial y el clima de inversiones en el departamento de La Paz y en el país.
La FEPLP consideró que toda controversia legal o patrimonial debe resolverse «en estricto apego a la Constitución Política del Estado, las leyes vigentes y el respeto irrestricto al debido proceso», exigiendo una actuación objetiva, transparente e imparcial por parte de los tribunales de justicia.
El pronunciamiento también hace referencia a la controversia generada por el proceso de presunta competencia desleal en la que SOBOCE tendría que pagar más de 744 millones de Bolivianos.
En este contexto, la Federación pidió que las resoluciones judiciales —incluidos los alcances del Auto Supremo N° 1190/2026 y las garantías constitucionales previamente activadas— se adopten con absoluto apego a derecho, salvaguardando los principios de proporcionalidad, equidad y defensa legítima. «La FEPLP reitera su compromiso institucional con la defensa del sector empresarial de La Paz, en este caso SOBOCE S.A.», indica el documento, fechado en julio de 2026.
Industriales
Por su parte, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) expresó su preocupación por las implicaciones que el caso podría generar sobre la seguridad jurídica, la confianza de los inversionistas y el clima de inversión en Bolivia. «La CNI considera que toda controversia debe ser tratada en estricto apego a la Constitución Política del Estado, las leyes vigentes, el debido proceso y el respeto irrestricto al Estado de Derecho, garantizando la actuación objetiva, transparente e imparcial de las autoridades e instancias competentes», señala el pronunciamiento de la entidad.
La CNI remarcó la importancia de que las decisiones relacionadas con el caso sean adoptadas conforme a derecho, resguardando las garantías procesales, la independencia de las instituciones y el pleno respeto a los principios que sustentan el Estado de Derecho. La entidad reiteró su compromiso con la defensa de la institucionalidad democrática y afirmó que la seguridad jurídica es una condición indispensable para fortalecer el aparato productivo nacional e impulsar la inversión.
Seguridad jurídica
Aunque las tres instituciones se pronunciaron de manera independiente, sus mensajes convergen en un mismo eje: la necesidad de preservar la seguridad jurídica, el respeto al debido proceso y la independencia judicial como condiciones indispensables para sostener la confianza empresarial, la inversión privada y la generación de empleo en Bolivia.
Los pronunciamientos de CAINCO, FEPLP y CNI se suman a otras voces del sector productivo y social que en las últimas semanas han expresado su respaldo a SOBOCE ante los efectos que el litigio con Fancesa podría tener sobre miles de empleos directos e indirectos vinculados a la cementera.
Fuente: Prensa Soboce