El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Carlos Alberto Goitia, consideró “poco probable” que las elecciones judiciales complementarias para cubrir las vacancias en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) puedan realizarse durante la presente gestión y apuntó a 2027 como fecha definitiva para su ejecución.
Explicó que los plazos establecidos por la normativa vigente dificultan la realización del proceso antes de fin de año, pues la ley contempla 150 días para la organización de los comicios y otros 80 días para la etapa de preselección a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), lo que – a su criterio – hace inviable cumplir con el cronograma en 2026.
“Esto haría, sacando números, que durante este año ya no pueda llevarse a cabo esta elección, salvo que se produzca una reforma electoral”, indicó.
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Otro de los factores es el presupuesto. El vocal Goitia señaló que la organización de las elecciones demandará una inversión de aproximadamente 178 millones de bolivianos, recursos que no están contemplados en las finanzas del órgano Electoral y que deberán ser gestionados ante el Ministerio de Economía.
Pese a las limitaciones, afirmó que el TSE tiene la capacidad técnica y operativa para llevar adelante los comicios complementarios, siempre y cuando se garantices las condiciones legales y el financiamiento correspondiente.
En ese marco, Goitia proyectó que las elecciones judiciales podrían realizarse en 2027.
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“En el aspecto operativo, el TSE no tiene inconvenientes para organizar los comicios”, expresó, aunque insistió en que es indispensable contar con el tiempo suficiente y con el presupuesto requerido.
Tras el receso legislativo de mitad de año, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados prevé retomar este martes el análisis del proyecto de ley transitorio para la preselección y elección de magistrados del TCP y del TSJ.
La iniciativa busca definir el mecanismo para completar los comicios judiciales parciales, pendientes desde las elecciones de diciembre de 2024, con el objetivo de cubrir las acefalias de Beni, Pando, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija en el TPC; y de Beni y Pando, en el TSJ.