El presidente del Estado, Rodrigo Paz, exhortó al Ministerio Público y al órgano Judicial sancionar a los responsables de los bloqueos que se extendieron durante 53 días, entre mayo y junio, y afirmó que las víctimas fatales y los daños económicos no deben quedar impunes.
Durante el acto de clausura de un curso satinador de la ‘Escuela de Cóndores’, ubicada en la localidad de Sanandita, provincia Gran Chaco del departamento de Tarija, el mandatario sostuvo que los bloqueos de caminos no pueden formar parte de la cultura democrática porque –según dijo– generan muerte, paralizan la economía y afectan a toda la población.
“El bloquear no puede significar vivir bien. El bloquear significa muerte. El bloquear significa destruir la economía nacional y, por ende, el sufrimiento y desempleo de nuestra gente. El bloquear nunca puede ser parte de la cultura de la vida (…) el bloquear significa destruir la patria y al que quiera destruir la patria, acá están las Fuerzas Armadas (FFAA) para defenderla y construirla, para que pueda crecer, para que se pueda desarrollar, para que nuestros hijos no se vayan”, afirmó.
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En ese marco, Paz pidió a Dios guiar tanto a los legisladores como a las autoridades judiciales para que, los primeros, respalden las leyes orientadas a transformar el país y que el Ministerio Público y la administración de justicia actúen contra quienes considera responsables de los perjuicios causados durante las protestas.
Aseveró que quienes provocaron daños económicos y sociales deben recibir un castigo acorde a las consecuencias de sus acciones y sostuvo que la población boliviana sufrió especialmente durante los 53 días de bloqueos.
“Yo le pido a Dios que ilumine a los parlamentarios, que los ilumine cuando evalúen las leyes para transformar el país; que ilumine a la justicia y al Ministerio Público cuando se entregue a los culpables de tanto daño, después de tantos años y especialmente en los últimos 53 días, que los hagan castigar, que sufran los que han hecho sufrir al pueblo boliviano”, expresó.
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El jefe de Estado precisó que existe una diferencia entre las organizaciones sociales que impulsan reivindicaciones legítimas y grupos que promueven medidas radicales bajo intereses políticos y con financiamiento del narcoterrorismo. “La protesta es una cosa, pero el bloqueo y buscar la muerte” es otra, dijo.
Las movilizaciones y bloqueos de carreteras fueron encabezados por la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación de Campesinos “Túpac Katari”, y sectores afines al expresidente Evo Morales, que exigían la renuncia de Paz Pereira. En los momentos más álgidos de la protesta se llegaron a registrar hasta 90 puntos de conflicto en siete de los nueve departamentos del país, principalmente en La Paz.
Luego de firmar un acuerdo con la COB, el Gobierno decretó el 29 de junio Estado de excepción en todo el territorio nacional, lo que persuadió a los sectores movilizados de levantar los últimos puntos de conflicto que permanecían activos en la región del Trópico de Cochabamba y en sectores productivos de Santa Cruz.
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Paz recordó que una de las responsabilidades de la FFAA y uno de los ejes de su gestión es combatir cualquier forma de terrorismo que atente contra Bolivia. En ese marco, vinculó las movilizaciones con lo que denominó un «narcoterrorismo politizado», al que atribuyó la muerte de más de una veintena de personas que, según dijo, no pudieron ser trasladadas oportunamente en ambulancias debido a los cortes de ruta.
“Por primera vez no se puede señalar que en un Estado de excepción hayan sido las fuerzas del orden las que causaron muerte, sino de aquellos que (actúan) ideológicamente y desde el narcoterrorismo”, dijo.
Al menos tres denuncias formales llegaron al Ministerio Público por los daños ocasionados durante los 53 días de bloqueo de carreteras. En Santa Cruz, la instancia admitió una acusación planteada contra el expresidente y líder cocalero, Evo Morales y los dirigentes de la COB y la organización campesina de La Paz, Mario Argollo y Vicente Salazar, respectivamente.
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Los líderes sindicales son identificados como los principales promotores de la extrema medida que provocó pérdidas económicas superiores a los $us 3.000 millones y más de 20 fallecidos.
Entre tanto, el Ministerio de Gobierno interpuso una demanda en la ciudad de El Alto, donde los dirigentes vecinales Alberto Quelali y Pablo Merma fueron aprehendidos y posteriormente encarcelados. Ambos sindicados enfrentan cargos por impulsar bloqueos en la urbe.