El pleno de la Cámara de Senadores aprobó este jueves el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, la cual crea un Órgano Garante encargado de velar por el cumplimiento del derecho a la información del sistema público en sus tres niveles del Estado.
La norma, que establece 11 causales que permitirán restringir la entrega de determinada información, fue remitida a la Cámara de Diputados para su tratamiento.
Durante el debate, el senador de la alianza Unidad, José Roca, subrayó que “todos los ciudadanos bolivianos tienen derecho a acceder a la información pública de manera transparente y sin trabas”, al afirmar que este derecho permite a la población conocer el manejo de los recursos y la administración pública.
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Sostuvo que la ley permitirá evidenciar el nivel de transparencia en distintas instituciones, considerando que “muchos no tienen esa información porque no les conviene”.
De acuerdo a información institucional, el nuevo Órgano Garante deberá conformarse e instalarse en un plazo máximo de 90 días hábiles desde la entrada en vigencia de la norma. Además, se establece que el Estado deberá garantizar su independencia, dotarlo de presupuesto propio y asegurar que actúe sin subordinación ni instrucciones externas.
La propuesta también dispone que las entidades públicas deberán informar previamente qué información se encuentra sujeta a restricciones. Sin embargo, precisa que esas limitaciones no podrán aplicarse cuando los datos solicitados estén relacionados con violaciones de derechos humanos o hechos de corrupción cometidos por servidores públicos.
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El artículo 12 señala que el acceso a la información solo podrá restringirse cuando esta haya sido clasificada como reservada, secreta o confidencial, conforme a la ley o a normativa específica de cada institución.
Entre los casos en los que no procederá la entrega de información figuran los documentos cuya divulgación pueda afectar el sistema financiero, revelar secretos industriales, comerciales, científicos o tecnológicos, comprometer derechos de terceros, o aquellos que se encuentren en poder de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
También se incluyen informes vinculados a la supervisión de entidades financieras y documentos elaborados por asesores jurídicos o abogados de la administración pública.
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Asimismo, el proyecto protege la información amparada por el secreto profesional, categoría en la que se encuentran periodistas y medios de comunicación, además de restringir el acceso a datos personales, expedientes judiciales e información obtenida en investigaciones realizadas por entidades obligadas, como la Policía.
El pleno del Senado acordó que el tratamiento en detalle del proyecto de Ley se realizará la próxima sesión ordinaria, tras el receso parlamentario, cuando se proceda al análisis de sus artículos.
El alcance del proyecto abarca a entidades públicas, empresas estatales, universidades públicas y otras instancias con participación del Estado. También incorpora principios como la accesibilidad, gratuidad, presunción de publicidad, transparencia, discriminación, responsabilidad y facilitación del acceso a la información.