El Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (CONALAB) expresó su rechazo al anuncio de un posible paro nacional del órgano Judicial y recordó que la normativa vigente considera una falta grave impulsar o participar en la suspensión de actividades jurisdiccionales.
A través de un pronunciamiento oficial, la entidad reconoció que la justicia boliviana atraviesa una profunda crisis estructural, caracterizada por recursos insuficientes, una elevada carga procesal, limitaciones tecnológicas y el retraso en la implementación de reformas. Por ello, consideró legítimo que las máximas autoridades del sistema de justicia soliciten mejores condiciones económicas, materiales y normativas para cumplir con sus responsabilidades constitucionales.
No obstante, enfatizó que esas demandas no pueden derivar en la interrupción del servicio judicial, al tratarse de una función esencial del Estado que debe garantizarse de manera permanente e ininterrumpida.
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“Su paralización no representa únicamente la suspensión de actividades administrativas; implica la afectación directa del derecho de acceso a la justicia, del debido proceso, y de la tutela judicial efectiva, reconocidos por la Constitución Política del Estado (CPE) y por los tratados internacionales de derechos humanos”, indica el pronunciamiento.
La posición del CONALAB surge luego de que representantes del sistema judicial, a la cabeza del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, advirtieron con un paro escalonado de funciones si el Gobierno y la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no respondes a sus demandas de un mayor presupuesto y tratamiento de proyectos de ley considerados fundamentales para el mejoramiento del sistema de justicia.
La organización señaló que una paralización de funciones provocaría la suspensión de audiencias, mayores demoras en los procesos y perjuicios para víctimas, personas privadas de libertad y familias, agravando la ya existente retardación judicial.
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Asimismo, recordó que el artículo 187, numeral 15, de la Ley 025 del órgano Judicial establece como falta grave y causal de suspensión propiciar, organizar o participar en huelgas, paros o cualquier interrupción de las actividades jurisdiccionales. En ese sentido, consideró preocupante que sean precisamente autoridades judiciales las que impulsen medidas restringidas por el régimen disciplinario que rige su función.
En relación a la crisis del sistema judicial, el CONALAB sostuvo que va más allá de la falta de presupuesto y responde a problemas acumulados durante décadas, entre ellos la retardación procesal, la corrupción, la falta de transparencia, la percepción de injerencia política, las debilidades de la carrera judicial y la escasa rendición de cuentas.
Ante ello, planteó la necesidad de una reforma integral que fortalezca la independencia de jueces y tribunales, consolide un sistema basado en la meritocracia, incorpore evaluaciones objetivas, sancione la corrupción y la negligencia, impulse la modernización tecnológica y refuerce los mecanismos de transparencia y control ciudadano.
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Finalmente, el colegio nacional de abogados “exhorta al órgano Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa Plurinacional a atender con responsabilidad y sentido de Estado las necesidades estructurales del sistema judicial, promoviendo las reformas legales pendientes y garantizando una asignación presupuestaria acorde con la importancia constitucional de la función jurisdiccional”
De igual forma, solicitó a las autoridades del órgano Judicial privilegiar el diálogo institucional y desistir de cualquier medida de presión que implique la suspensión de actividades, para evitar que la ciudadanía sea la principal afectada.