Tras impedir el ingreso a Bolivia de un grupo de al menos 18 ciudadanos argentinos, el Ministerio de Gobierno defendió las decisiones migratorias y afirmó que la medida se enmarca en la normativa vigente y en las facultades soberanas del Estado para regular el ingreso y permanencia de personas extranjeras.
A través de un comunicado, la cartera de Estado señaló que durante los controles migratorios se detectó el incumplimiento de requisitos exigidos para la admisión al país, además de inconsistencias entre los motivos declarados para el viaje y las actividades que la delegación anunció públicamente.
Agregó que las restricciones aplicadas responden únicamente a criterios legales y administrativos, descartando que la decisión mantenga vínculos con la nacionalidad, posición político o afinidad ideológica de los involucrados.
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“Toda persona extranjera que pretenda ingresar al país debe cumplir las disposiciones establecidas por la legislación nacional y acreditar las condiciones requeridas para su permanencia. Asimismo, las invitaciones emitidas por autoridades, legisladores o instituciones no sustituyen ni eximen el cumplimiento de los requisito migratorios”, señala el documento, aunque no precisa cuales fueron las observaciones detectadas.
El pronunciamiento oficial fue difundido luego de que la delegación extranjera, que llegó a territorio nacional bajo el denominativo de “misión de derechos humanos”, denunció que se le negó el ingreso al país y fuera trasladada en un vuelo hacia Santa Cruz, desde donde algunos de sus integrantes manifestaron su preocupación ante una eventual deportación.
El caso surge en medio de la preocupación expresada semanas atrás por el Gobierno respecto a la participación de activistas extranjeros en actividades organizadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y otros sectores afines al expresidente Evo Morales que respaldan los bloqueos de carreteras en el país, que persisten desde hace más de 40 días.