Para garantizar su participación en una mesa de diálogo, el Gobierno no ejecutará los mandamientos de aprehensión vigentes contra el máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, el secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos ‘Tupac Katari’ de La Paz, Vicente Salazar, y otros líderes sindicales que impulsan los bloqueos y movilizaciones que afectan a diferentes regiones del país hace más de 25 días.
“Nosotros garantizamos que durante la reunión y en la reunión van a poder gozar de todas las garantías para poder desarrollar de forma adecuada y encontrar las soluciones que corresponda”, afirmó el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, en declaraciones a la red Unitel.
Luego de los hechos de violencia en movilizaciones, destrozos a bienes públicos y privados, graves agresiones a policías, trabajadores de la prensa y civiles, además del deceso de al menos cuatro pacientes en medio del bloqueo de carretera, la Fiscalía activó una investigación contra Argollo, Salazar y otros dirigentes por los delitos de instigación pública a delinquir y terrorismo, y emitió las ordenes de aprehensión correspondientes.
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Desde el ente matriz rechazaron las acusaciones del Ministerio Público y advirtieron con masificar las manifestaciones, aunque dejaron de lado su postura radical que continuar la presión hasta la renuncia del presidente Rodrigo Paz y se abrieron a participar de una mesa de diálogo si es que las autoridades anulas los mandamientos de aprehensión.
Ante la posición de la COB, secundada por las organizaciones sociales movilizadas, la Fiscal General del Estado (FGE) ratificó las ordenes de captura contra los dirigentes e instó a la Policía a ejecutarlas, mientras que el jefe de Estado convocó a los manifestantes a acudir al diálogo, de lo contrario, advirtió con aplicar lo establecido en la Constitución Política del Estado (CPE).
Sin embargo, contrario a lo vertido por la FGE y el presidente Paz, el ministro Lupo consideró que las garantías propuestas por el órgano Ejecutivo “es prácticamente lo mismo” a lo solicitado por el ente obrero para presentarse a una mesa de diálogo.
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“Hay algunos casos en que ya no está en manos del Estado, está en manos del Ministerio Público, pero obviamente no ejecutaríamos ningún tipo de instrucción si los estamos llamando al diálogo, si queremos el diálogo y si el país entero quiere una solución”, complementó.
Respecto al pedido de renuncia del primer mandatario, la autoridad enfatizó que esta solicitud queda fuera de la agenda del diálogo con los sectores movilizados. “La democracia no se negocia ni se dialoga, se defiende”, sostuvo.
Aseguró que la renuncia de Paz es una demanda que surgió de “grupos antidemocráticos” que pretenden aprovechar las movilizaciones de organizaciones que reclaman reivindicaciones legitimas, y la situación de conflictividad en el país.
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Bolivia enfrenta desde hace casi un mes una ola de bloqueos y movilizaciones impulsadas por organizaciones campesinas, la COB y otros sectores que inicialmente reclamaban respuestas frente a la crisis económica y que luego pasaron a exigir la salida del presidente.
Las protestas se concentran principalmente en las ciudades de La Paz y El Alto, donde el desabastecimiento de combustible, alimentos y medicamentos comenzó a impactar de forma severa sobre la población.