La Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de El Alto y Provincias expresaron su preocupación por la escalada de violencia registrada durante el operativo para habilitar el corredor humanitario entre La Paz y Oruro, y lamentaron que hasta ahora no se haya concretado un diálogo entre las partes en conflicto.
A través de un pronunciamiento conjunto, las tres instituciones exigieron el cese inmediato de todo acto de violencia y demandaron una investigación “urgente, independiente y transparente” sobre los hechos ocurrido el sábado. El pedido incluye el esclarecimiento de las denuncias de personas heridas, vulneraciones a los derechos humanos y el deceso de un joven durante los enfrentamientos.
Las organizaciones lamentaron que “el diálogo no se haya concretado hasta ahora” y advirtieron que el nivel de conflictividad refleja la necesidad de restablecer canales efectivos de comunicación y generar condiciones reales para reducir la tensión social mediante mecanismos pacíficos.
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“Reiteramos nuestra exhortación a los actores involucrados a concretar espacios de ‘Diálogo por el bien común’, evitando cualquier acción que profundice la confrontación o ponga en riesgo la vida y la integridad de la población”, dice parte del comunicado.
La jornada del sábado estuvo marcada por enfrentamientos durante el intento de habilitar un corredor humanitario destinado al ingreso de alimentos, combustible y medicamentos hacia La Paz y El Alto, regiones afectadas por más de 20 días de bloqueos.
La caravana, escoltada por policías y militares, fue atacada en diferentes puntos de la carretera por grupos movilizados que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira.
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Según los reportes, los manifestantes utilizaron piedras, palos y cachorros de dinamita, mientras las fuerzas del orden respondieron con agentes químicos para intentar despejar la vía. El operativo finalmente quedó frustrado tras varias emboscadas, entre ellas una registrada en el peaje Vilaque Copata, donde el grupo encabezado por el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, fue atacado con explosivos.
En medio de los hechos de violencia, las organizaciones sociales movilizadas denunciaron la muerte de un joven comunario del municipio de Calamarca. De acuerdo con el certificado forense difundido por medios nacionales, el varón falleció por impacto de proyectil de arma de fuego durante el operativo.
Asimismo, las instituciones firmantes señalaron que la prolongación del conflicto ha deteriorado significativamente la convivencia social, generando incertidumbre y temor en la población. Por ello, anunciaron que continuarán realizando gestiones y acercamientos tanto con el Gobierno como con los sectores movilizados, con el objetivo de facilitar el restablecimiento de canales de comunicación y priorizar la protección de la vida y la paz social.