El expresidente del Estado, Evo Morales, afirmó que las movilizaciones impulsadas por sectores sociales afines a su liderazgo no buscan la renuncia del presidente del Estado, Rodrigo Paz, sino que exigen al Gobierno atender una serie de demandas relacionadas a mejoras salariales, defensa de las empresas públicas, el respeto al carácter plurinacional del Estado
En declaraciones al medio Canal Red Latinoamérica, Morales sostuvo que su organización política Evo Pueblo —antes Movimiento Al Socialismo (MAS)—, no promueve la renuncia presidencial. Sin embargo, reconoció que algunas organizaciones movilizadas sí proyectan ese pedido.
“Nuestro movimiento político, Evo Pueblo, no está pidiendo ninguna renuncia, sino que se atiendan las demandas. Evidentemente, algunos sectores están en una marcha pacífica, no en corte de caminos; que quede claro”, afirmó al medio internacional.
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Sin embargo, varios representantes del denominado ‘evismo’ que marcharon desde Caracollo hasta La Paz expresaron abiertamente su pedido de dimisión del mandatario. Durante su ingreso a El Alto el domingo 17 de mayo, los manifestantes corearon consignas contra Paz y, al día siguiente, descendieron el pasado lunes hacia la sede de Gobierno junto a sectores afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB), organizaciones campesinas, entre otros, que también reclaman la salida del jefe de Estado.
Los sectores ingresaron al centro de La Paz en cinco columnas que rodearon la plaza Murillo, donde se encuentra Palacio de Gobierno, y protagonizaron intensos enfrentamientos con efectivos de la Policía en un intento de ingresar por la fuerza. Las manifestaciones derivaron en agresiones a policías, trabajadores de la prensa, civiles, además de daños y saqueos en negocios locales e instituciones públicas y privadas.
Morales, quien permanece atrincherado en la región del Trópico de Cochabamba desde noviembre de 2024 ante un mandamiento de aprehensión por trata de personas con agravante, afirmó que las protestas sociales responden a “demandas del pueblo”, entre ellas el rechazo a posibles privatizaciones, el cumplimiento de la Constitución y la atención a reclamos salariales.
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Por su parte, el Gobierno de Paz anunció auditorías a las empresas estatales para evaluar su situación financiera y adelantó que analizará posibles reformas constitucionales, aunque todavía sin anunciar medidas concretas.
Antes del inicio del conflicto, la administración nacional rechazó la solicitud de la COB de aplicar un incremento salarial del 20% para la presente gestión, argumentando que ya se aplicó un ajuste en enero para compensar el impacto económico de la eliminación de la subvención a los hidrocarburos.
No obstante, para resolver uno de los frentes de tensión social, aprobó el bono “Gestión de Aula” de Bs 2.400 para maestros; y un beneficio similar destinado a efectivos de la Policía Boliviana.
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El exmandatario también insistió en la necesidad de reforzar los programas sociales y atender las demandas laborales. En ese contexto, aseguró que la pobreza volvió a crecer tras la crisis política de 2019, año en que renunció a la Presidencia y salió del país, en medio de acusaciones de fraude en las elecciones nacionales de ese año.
Pese a su postura, dirigentes cercanos a su entorno mantiene una postura radical, junto con la COB y campesinos de La Paz, y anunciaron que las protestas sociales continuarán hasta lograr la dimisión del primer mandatario.