El vocero de la Presidencia, José Luis Gálvez, afirmó que la implementación de un Estado de excepción podría ser “contraproducente” frente a las movilizaciones y bloqueos registrados en distintos puntos del país, ya que los sectores movilizados aprovecharían la situación para victimizarse y justificar una escalada de la violencia.
Explicó que la medida tiene un grado complejidad para justificar su aplicación porque implica la “suspensión total” de los derechos constitucionales para que las entidades de seguridad –Policía y Fuerzas Armadas (FFAA)– garanticen el orden social mediante el uso de la fuerza pública.
“Un Estado de excepción, del cual estamos conscientes que la Constitución nos otorga, tiene un proceso de implementación y una complejidad en su sustento, ya que implica la suspensión total de los derechos constitucionales”, declaró a Red Uno.
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A criterio de Gálvez, este régimen constitucional sería el “escenario ideal” para los promotores del conflicto para adoptar una figura de victima ante la comunidad internacional y justificar la radicalización de las protestas en las calles.
“Es exactamente lo que también aprovecharían para tener una causa de lucha del otro lado, a partir de mentira, engaños y victimizaciones que no corresponden. No es este el escenario ideal que todos pretendemos”, dijo.
En ese sentido, el vocero advirtió que la conflictividad podría agravarse si el órgano Ejecutivo decide “responder a la violencia con más violencia”.
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Desde el inicio del conflicto, varias instituciones y sectores sociales pidieron al Gobierno de Rodrigo Paz declarar un «Estado de excepción sectorizado» en departamentos como La Paz, donde esta jornada convergieron diversas movilizaciones que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz y protagonizaron enfrentamientos con la Policía y actos vandálicos en inmediaciones de plaza Murillo y el Prado.
Las protestas callejeras se concentran principalmente en el departamento de La Paz, donde organizaciones campesinas mantienen bloqueadas varias carreteras desde hace 13 días.
Sin embargo, autoridades de Gobierno descartaron aplicar un régimen excepcional para contener la presión de los sectores movilizados y frenar el aumento de la violencia.
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En su lugar, Gálvez indicó que el órgano Ejecutivo apuesta por una “solución estructural” y no así por medidas que consideró como “forzadas” o fundamentadas en el uso de la fuerza, mientras avanzan en el diálogo como mecanismo de solución a las demandas de los sectores dispuestos a concretar acuerdos.
“La política del Gobierno ha sido dialogar para los que tienen demandas legítimas, ahora es aplicar la ley de manera implacable para todo aquel que ha enfrentado la ley y ha hecho violencia (…) no vamos a cesar hasta que rindan cuentas ante la ley”, afirmó.
El pasado viernes, el presidente Paz reconoció que el país enfrenta una debilidad institucional y afirmó que es necesario construir un “Estado fuerte” capaz de aplicar la ley dentro de un marco democrático.