La Defensoría del Pueblo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de El Alto y la Iglesia Católica expresaron este lunes su preocupación por el incremento de la conflictividad y los hechos de violencia registrados en el marco de las movilizaciones protagonizadas por distintos sectores sociales del país.
Mediante un pronunciamiento conjunto difundido al finalizar la jornada, las instituciones señalaron que observan con alarma las agresiones ocurridas durante el día, así como las expresiones verbales ofensivas, las vulneraciones a los derechos humanos y las afectaciones que sufren terceros a raíz de los conflictos.
En el documento, las entidades hicieron un llamado a reducir la tensión y apostar por el entendimiento como mecanismo para resolver las diferencias. En esa línea, remarcaron que frente a la intransigencia y al clima de confrontación es necesario fortalecer el diálogo y generar espacios de concertación que permitan encaminar soluciones pacíficas.
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«Frente a la presencia de la violencia invocamos la fecundidad del diálogo«, señalaron los representantes en el documento.
Asimismo, plantearon la realización de un “Diálogo por el Bien Común” que reúna al Gobierno con organizaciones sociales como la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias “Bartolina Sisa” y la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari.
Las instituciones firmantes consideran que, ante el actual escenario de conflictividad, es fundamental priorizar el respeto mutuo, la búsqueda de consensos y la defensa de los derechos fundamentales, evitando que la violencia continúe escalando.
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Por separado, la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) también se pronunció sobre la situación que atraviesa el país. A través de un comunicado público, la casa de estudios superiores expresó su “profunda alarma” por las consecuencias de la crisis y por la vulneración de derechos que, según señala, afecta a miles de familias bolivianas.
Además, la universidad paceña se declaró en estado de emergencia en defensa de la democracia, la Constitución Política del Estado y el estado de derecho. En ese contexto, manifestó su predisposición para colaborar en la búsqueda de soluciones concertadas y anunció su disposición a asumir un rol de mediación.

