Pese a reconocer los impactos negativos de los bloqueos que mantienen aislada al departamento de La Paz, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, aseguró que las medidas de presión continuarán bajo una sola exigencia enfocada en la renuncia del presidente del Estado, Rodrigo Paz, a quien responsabilizó por la falta de soluciones a las problemáticas del país y la escalada de la tensión social.
Argollo admitió que es “doloroso” conocer la situación de los choferes varados en distintas carreteras y de la ciudadanía de La Paz que enfrenta el desabastecimiento de alimentos y el aumento de precios, pero insistió en defender los bloqueos y responsabilizar al Gobierno por provocarlos.
“Pedir comprensión al país porque es preferible en este momento amarrarnos por lo menos el cinturón, porque lastimosamente si dejamos que el Gobierno nos siga con este modelo económico, vamos a estar sumidos más en la pobreza”, aseveró.
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Acusó a la administración nacional de comprometer los recursos naturales del país y sostuvo que las reformas propuesta para reactivar la economía y modificar la Constitución Política del Estado (CPE) van en contra de “las grandes mayorías” y “no buscan beneficiar al pueblo”.
En ese sentido, justificó las manifestaciones diarias y los bloqueos de carreteras con la supuesta incapacidad que el Gobierno ha demostrado para enfrentar la crisis económica y social.
“No es por locos que estamos pidiendo que este presidente incapaz y todo su gabinete ministerial se vayan porque no han dado soluciones claras al país”, afirmó el dirigente sindical, al tiempo de anticipar que las protestas a nivel nacional se intensificarán.
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Las protestas del ente matriz iniciaron con reclamos generales como soluciones definitivas al problema de la calidad de la gasolina, la abrogación de la Ley 1720 –abrogada la noche del miércoles–, luego un aumento salarial del 20% y, finalmente, la renuncia del presidente Paz.
En medio del conflicto, la COB selló alianza con organizaciones campesinas y sectores sociales que también exigen cambios en el Gobierno. Las resoluciones subieron de tono poco después hasta coincidir con la dimisión del primer mandatario.
El giro de las demandas de la máxima dirigencia sindical generó posiciones encontradas. Mientras otros sectores sociales rechazaban las movilizaciones y el Gobierno percibía afanes desestabilizadores, mineros y grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) se sumaron a las protestas y amenazan con elevar la tensión en La Paz.
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Asimismo, Argollo insistió en que el órgano Ejecutivo tuvo varias oportunidades para atender las demandas de los sectores movilizados, pero –según dijo– se dedicó a incumplir acuerdos y a penalizar el sindicalismo y que, en su caso, ya llegó a estrados judiciales.
El dirigente se refirió al proceso penal abierto en su contra, por presuntamente recibir renta de invalidez de manera ilegal.
“Aquí es el pedido único de parte del pueblo movilizado, que es el alejamiento y renuncia del presidente por la falta de capacidad de solucionar los problemas estructurales de este país”, dijo.
Reafirmó que a nadie le gustan las medidas de presión y que se analiza una pausa humanitaria, aunque el eventual cuarto intermedio dependerá de las bases.

