Las primeras hipótesis que surgen dentro de la investigación por el asesinato del decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, apuntan a un posible conflicto de tierras, aunque no se descartan otros móviles.
“Sería un problema de tierras de alguna manera porque habría emitido algún tipo de resolución referente a la posesión o al aprovechamiento de algunas tierras específicamente en el sector del oriente boliviano”, informó el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, Jhenky Gómez, en conferencia de prensa conjunta con el fiscal departamental Alberto Zeballos
Precisó que se trata de un elemento preliminar que deberá ser confirmado o descartado conforme avance la investigación, que generó un amplio despliegue de autoridades judiciales y policiales.
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El crimen ocurrió la noche del jueves 30 de abril en Santa Cruz. El magistrado llegó en un vehículo a un condominio, cuando fue interceptado por dos sujetos que seguían el motorizado en una motocicleta y le dispararon en reiteradas ocasiones.
La autopsia estableció que recibió cuatro impactos de bala que le provocaron un grave trauma torácico, con afectación a órganos vitales, derivando en un shock hipovolémico que causó su muerte.
El ataque “ha provocado un shock hipovolemico que ha ocasionado la muerte instantánea de esta persona pese a poder haber sido evacuado y trasladado ante el Hospital San Juan de Dios previamente para prestarle la asistencia correspondiente, sin embargo, ya había llegado sin signos vitales”, indicó por su parte el fiscal Zeballos.
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El representante de la Fiscalía anunció que se conformó una comisión de fiscales que trabaja de manera coordinada con la Policía y el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para esclarecer el hecho. “Estamos recolectando todos los elementos probatorios para establecer la verdad de lo ocurrido”, señaló.
Detalló que en las primeras horas se realizó el levantamiento del cadáver y las primeras diligencias permitieron obtener al menos cuatro casquillos, declaraciones de testigos, entre ellos el conductor del taxi que trasladaba a Claure y la funcionaria que acompañaba al magistrado al momento del ataque.
Afirmó que se actuará con firmeza para identificar, tanto a los autores materiales como intelectuales del crimen, sin descartar la posible participación de cómplices o encubridores.
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En paralelo, la Policía activó un plan de seguridad para autoridades judiciales. Según Gómez, al menos 13 magistrados cuentan actualmente con resguardo en sus desplazamientos y lugares de residencia, mediante un esquema de protección reforzada.
Adicionalmente, se desplegaron operativos en Santa Cruz y en zonas fronterizas como Puerto Suárez, Puerto Quijarro y San Matías, con el objetivo de dar con los responsables y desarticular posibles redes criminales.