El representante de la empresa constructora Makiber S.A., encargada de construir el Hospital Gastroenterológico de cuarto nivel en La Paz, fue trasladado a juzgados para el inicio de la audiencia cautelar por presuntas irregularidades en la construcción de la obra hospitalaria. La Fiscalía emitió la resolución de imputación formal y solicitó seis meses de detención preventiva en el penal de San Pedro.
El fiscal Wilson Medrano informó que la petición del Ministerio Público busca garantizar la presencia del acusado durante el desarrollo de la investigación en un caso que involucra un daño económico de 711 millones de bolivianos al Estado.
“Se ha presentado la imputación formal para que se resuelva su situación en audiencia de medidas cautelares, considerando la magnitud del daño causado”, afirmó.
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El representante de la constructora fue aprehendido este martes en el marco de las investigaciones por deficiencias en la ejecución del proyecto, ubicado en la avenida Zabaleta, que hasta la fecha no está en funcionamiento debido a la afectación del terreno por un deslizamiento.
En julio de 2018, la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) firmó un contrato con la constructora Makiber S.A. para llevar a cabo la ejecución de la obra hospitalaria, que incluía el diseño, construcción, equipamiento, capacitación y puesta en marcha del hospital.
La entrega estaba prevista para el 8 de abril de la presente gestión, sin embargo, la obra aún no fue concluida. El expresidente Luis Arce realizó una entrega provisional en septiembre de 2024, pero después se detectaron varias irregularidades.
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El fiscal Medrano indicó que, según informes Colegio de Ingenieros de Bolivia y del Estado Mayor del Ejército, ya se habían alertado sobre deficiencias en la obra, como fisuras, hundimientos y humedad en el terreno. Pese a las advertencias, un deslizamiento en el sector impidió la puesta en funcionamiento del hospital.
“Hemos realizado la fiscalización de los trabajos que derivaron en un deslizamiento que dañó la estructura del hospital”, precisó.
Por otra parte, el fiscal indicó que existen 15 personas investigadas por los retrasos en la entrega del centro de salud, entre ellos la exministra de Salud, María Reneé Castro, y el exdirector de la AISEM, quienes son señalados por permitir la continuidad del proyecto a pesar de los fallos en su diseño.
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Los recursos utilizados para su construcción provienen del Tesoro General del Estado (TGE) y fueron asignados bajo la modalidad de contratación “llave en mano”. En ese sentido, la constructora debía garantizar la obra y su funcionamiento integral.
Además del representante legal de Makiber, también son investigados asesores técnicos de la Aisem que participaron en el contrato administrativo. Medrano indico que se investigan los delitos de contratos lesivos al Estado e incumplimiento de contratos.
Respecto a la exministra Castro, el fiscal adelantó que será convocada a declarar nuevamente, debido a la existencia de nuevos elementos en la investigación. La exautoridad participó en una primera audiencia el 26 de febrero.