El Ministerio de Gobierno informó este sábado que cinco vehículos incautados durante los operativos contra la estructura del narcotraficante uruguayo, Sebastián Marset, fueron trasladados para garantizar su custodia y adecuada administración, en el marco de las investigaciones abiertas para desarticular la red del criminal en el departamento de Santa Cruz.
“Se realizó el traslado de cinco vehículos incautados durante dichas acciones policiales. Este procedimiento fue realizado mediante la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi)”, indica un comunicado.
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El pronunciamiento de la cartera de Estado surge después que la cadena DTV denunció que los motorizados incautados estarían siendo utilizados por efectivos policiales, poniendo en duda el control y destino de estos bienes.
Ante estas versiones, el ministerio aclaró que el traslado de los vehículos forma parte de las medidas institucionales establecidas para resguardar los bienes decomisados durante las acciones contra la red criminal de Marset, y colocarlas bajo supervisión de las autoridades competentes, en cumplimiento de los procedimientos legales.
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De esa manera, de acuerdo al pronunciamiento, se pretende evitar cualquier uso indebido por personal policial u otras personas.
Según la acusación del medio de comunicación, los motorizados incautados en acciones policiales contra la organización de Marset “no estarían bajo resguardo estricto, sino circulando y siendo utilizados por personal policial”, lo que generó cuestionamientos sobre la transparencia en la gestión de los bienes incautados del capo uruguayo.
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El líder criminal fue capturado a madrugada del 13 de marzo en su vivienda, ubicada en una zona residencial de Santa Cruz. Luego de su aprehensión, las autoridades lo expulsaron del país para luego entregarlo a agentes de la DEA, la agencia antinarcóticos de Estados Unidos (EEUU), que se encargaron de trasladarlo al país del norte por vía aérea.
Actualmente, Marset permanece encarcelado en una cárcel estadounidense, donde enfrenta procesos judiciales por lavado de dinero y otros delitos relacionados con el narcotráfico. Si es declarado culpable, podría recibir hasta 20 años de privación de libertad.