La Fiscalía de La Paz admitió la denuncia penal interpuesta por el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, contra funcionarios administrativos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por la distribución de gasolina de mala calidad.
Según el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, el caso se encuentra en etapa preparatoria.
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“Hay un proceso abierto y estamos trabajando de manera silenciosa. Se han emitido los requerimientos fiscales respectivo”, explicó sin brindar detalles de la acusación.
Mariaca indicó que, de manera paralela, un diputado interpuso una denuncia similar en la ciudad de La Paz que, al igual que la demanda de Lara, también fue aceptada y se encuentra en curso.
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Agregó que una tercera demanda por los problemas en la provisión de carburante en el mercado interno fue presentada en Santa Cruz, la cual fue observada y posteriormente desestimada, debido a que el demandante no subsanó las observaciones notificadas por la Fiscalía.
Ambas acusaciones buscan establecer responsabilidades sobre la baja calidad del combustible distribuido a nivel nacional y determinar posibles irregularidades en la gestión administración de la petrolera estatal.
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Días atrás, el vicepresidente presentó dos memoriales ante el Ministerio Público: una contra el presidente de YPFB, Yussef Akly, por al menos cuatro delitos relacionados a la supuesta compra de combustible con sobreprecio.
La segunda vincula al gerente de Productos Derivados e Industrialización de la estatal, Carlos Cuéllar Pinto, con documentos y audios filtrados que develan un conocimiento previo del ingreso de carburante contaminado al país una estrategia de comunicación para culpar a la anterior gestión.
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Consultado sobre la posibilidad de que el Ministerio Público actúe de oficio en el tema, el fiscal general precisó que esta medida es viable, pero aclaró que se requiere de informes técnicos elaborados por especialistas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y de YPFB, además de la entrega de elementos suficientes para configurar un posible delito.
Sin embargo, al existir ya procesos abiertos, Mariaca afirmó que las investigaciones avanzan de manera reservada, con diligencias como requerimientos fiscales, entre otros actos.