El Gobierno de Colombia decretó la «emergencia económica» por 30 días luego de que el Congreso hundiera el pasado 9 de diciembre el proyecto de reforma tributaria con la que el Ejecutivo pretendía recaudar 16,3 billones de pesos (unos 4.290 millones de dólares) para completar el presupuesto nacional de 2026.
En el decreto 1390 de 2025, el Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró «el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional por el término de 30 días calendario, contados a partir de la vigencia» de ese documento.
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El Ejecutivo señala que, con esta declaratoria, con la que podrá establecer nuevos tributos o modificar los existentes, busca enfrentar «la incapacidad material y jurídica de garantizar, de manera continua, oportuna y suficiente, el goce efectivo de algunos derechos materiales y la prestación de unos servicios públicos esenciales» por una «situación fiscal que adquirió el carácter de grave».
Petro, por su parte, defendió antes de la publicación del decreto la declaratoria de la emergencia económica y argumentó que Colombia tiene «un déficit primario en las finanzas públicas» desde el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018).
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El proyecto
Criticó además al Congreso por «derrumbar ya por dos veces el proyecto de financiación (reforma tributaria) presentado por el Gobierno» y al Banco de la República (emisor) por mantener inalterada la tasa básica de interés en el 9,25 %, nivel vigente desde abril.
Esos dos hechos, en su opinión, «desencadenan el disparo de la tasa de interés de riesgo sobre nuestro endeudamiento y hacen imposible detener la insostenibilidad de la deuda».
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«Las condiciones de la emergencia por este hecho son evidentes, y si la Corte Constitucional decide derribar también el decreto, entonces la tasa de riesgo país será más grande y la insostenibilidad de la deuda se hará presente con una crisis económica grave. No es amenaza sino simple economía de primer semestre», agregó el mandatario.
En ese sentido, Petro explicó que «el decreto de emergencia en materia tributaria se basará en los mismos criterios que las comisiones económicas del Congreso rechazan», en referencia a la reforma hundida.
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«Los nuevos recursos solo deben salir de los megarricos que han sido los beneficiarios de la política económica. Es una devolución pequeña de los grandes beneficios obtenidos a la sociedad», expresó.
La reforma tributaria hundida el pasado 9 de diciembre fue la tercera de este tipo presentada por el Gobierno de Petro al Congreso, que le aprobó la primera en 2022, meses después de asumir la Presidencia, pero le rechazó otra en 2024.
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La oposición asegura que en vez de la reforma tributaria, el Gobierno, al que acusan de derrochar los recursos del Estado, debería reducir el elevado nivel de gasto público para no agrandar el déficit fiscal.
// EFE