El expresidente del Senado, Andrónico Rodríguez, anunció que la bancada de la Alianza Popular presentó una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) contra el Decreto Supremo (DS) 5503 que estipula, entre otras medidas, la eliminación de la subvención a los hidrocarburos y nuevas tarifas para la gasolina y el diésel.
El exlegislador reapareció públicamente a través de un video difundido en redes sociales para criticas las reformas impulsadas por el actual Gobierno. A su criterio, la normativa debió ser tratada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por sus alcance económico y financiero, y no corresponde su aplicación vía decreto.
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“Una normativa de este tipo debe ser tratada necesariamente en la Asamblea Legislativa Plurinacional como manda el artículo 158 de la Constitución. El Gobierno no puede, bajo ninguna excusa de emergencia, legislar en materia tributario comprometiendo nuestro patrimonio nacional. Por tanto, como bancada de Alianza Popular, hemos presentado una acción de inconstitucionalidad ante el TCP, esperamos pronta respuesta para que se pueda frenar la aplicación de este decreto”, indicó Rodríguez.
El excandidato presidencial de Alianza Popular señaló también que el decreto sería inconstitucional al contener más de 120 artículos y advirtió que, incluso, implementa un nuevo régimen económico nacional que –a su juicio– compromete los recursos naturales estratégicos del país.
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“Eliminar de golpe la subvención para todos, sin excepción, es un directo castigo al bolsillo de los que menos tienen”, manifestó el exparlamentario que se mostró a favor de un ajuste gradual de los precios de los combustibles y consensuado con los sectores sociales.
Afirmó que nadie, en su sano juicio, desea el mal para el país, a excepción de algunos “políticos tradicionales” que viven del conflicto y la convulsión. “El pueblo está cansadísimo de los conflictos sociales y peleas políticas permanentes, que solo perjudican al que trabaja”, matizó.
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“Rechazamos el Decreto Supremo 5503, y nos sumamos al pedido mayoritario de la abrogación inmediata”, agregó la exautoridad.
En esa línea, Rodríguez convocó a la reunificación del movimiento popular del país para lograr la derogación del decreto y exigir un retiro focalizado de la subvención y con compensaciones para los sectores afectados.
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Planteó, en lugar del decreto, replantear la política económica mediante un «gran acuerdo nacional», en el área política con las bancadas de la ALP; y otro social con sectores dirigidos por la Central Obrera Boliviana (COB) y los transportistas.
También propuso recudir el gasto público, eliminar el contrabando del combustible a corto plazo – acción que está incluida en el DS 5503-, levantar la subvención en su totalidad al «agronegocio y las grandes mineras privadas» y mantener la distribución a precio especial a choferes del transporte público y propietarios de movilidades de baja gama.