La Fiscalía secuestró una serie de documentos luego de realizar este miércoles un registro en las oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la ciudad de La Paz, informó la de la unidad de Anticorrupción Jenny Benítez.
El operativo fue encabezado por una comitiva de fiscales para continuar con las investigaciones por delitos de conducta antieconómica y uso indebido de influencias.
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Benítez informó que se indagan presuntas irregularidades en proceso de licitación y contratación. Además, la intervención permitió descubrir otras anomalías en al menos dos empresas.
Por este caso, una persona fue sindicada por las autoridades y será convocada a declarar, indicó la fiscal.
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«Se ha podido verificar la existencia de documentación necesaria respecto a las contrataciones y procesos de contrataciones que ha sido llevados a partir de YPFB y otras empresas«, indicó.
Explicó que uno de los casos encontrados hace referencia a la adquisición de equipos “de carácter satelital” por parte de una empresa que tiene como representante legal a un familiar del encargado de Administraciones de YPFB.
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“Conforme se tienen las denuncias que han sido puestas a conocimiento del Ministerio Público, datan que los representantes o representante legal, en relación a una de las empresas, sería una de las sobrinas del funcionario que estaría llevando a cabo el proceso de contratación», indicó.
La fiscal añadió que otras de las observaciones detectadas apuntan a que dentro de los procesos de licitación o contratación existen empresas que no cumplen con los requisitos esenciales y que tienen sanción por parte del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), sin embargo, continuaron avanzando en el proceso de adjudicación.
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«Pese a que se encontraban con sanción del Sicoes, han sido recepcionadas las propuestas y estos aspectos son los que el Ministerio Público vamos a llevar a cabo la investigación«, remarcó.
La causa en relación a las contrataciones irregulares se investiga por los delitos de conducta antieconómica y uso indebido de influencias. Benítez puntualizó que se busca determinar la cifra del daño económico generaron con estas irregularidades, aunque mencionó que existen contratos que no fueron efectivizados.