La Embajada de México en Bolivia, confirmó este lunes, mediante un comunicado, que su Gobierno le concedió asilo político a la abogada Nadia Beller, expareja del consultor político, Fernando Cerimedo, quien se encuentra recluido por el delito de tentativa de feminicidio.
De acuerdo al documento oficial, publicado por Unitel, la representación diplomática recibió la petición el miércoles 4 de noviembre, en apego a la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954”.
El Gobierno de México “decidió conceder asilo político en favor de la citada ciudadana boliviana. Con la debida deferencia, y conforme al artículo XII de dicha Convención”, indica.
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Asimismo, solicitó también los buenos oficios del Ministerio de Gobierno de Bolivia para conceder el salvoconducto correspondiente para garantizar el traslado seguro de la beneficiada para emprender viaje rumbo al país norteamericano.
Este lunes, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó que la administración del presidente Rodrigo Paz decidió entregarle a Beller el salvoconducto solicitado.
“Bolivia es signatario de varios convenios internacionales y tiene una larga tradición de respeto a las solicitudes de asilo. Yo hablé con el embajador en estos términos y le dije, que sí, que esto era respetado, y no teníamos ninguna objeción”, confirmó el ministro de Gobierno.
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Beller Delgadillo figura como principal víctima del primer proceso judicial abierto contra Cerimedo en Bolivia, relacionado con el ataque armado que sufrió la abogada y activista en agosto.
Luego de recibir tres disparos de arma de fuego y ser evacuada a una clínica de la ciudad de Santa Cruz, la mujer apuntó a su expareja como autor intelectual del atentado. El Gobierno inició una investigación que derivó en el encarcelamiento del ciudadano argentino, sin embargo, Beller expresó en diferentes ocasiones su susceptibilidad por la dirección del proceso y la presunta actuación del Gobierno en su contra.
Además del proceso en cuestión, Cerimedo afronta otros casos vinculados con su relación con el Gobierno y por enriquecimiento ilícito.