De manera sorpresiva, la abogada Nadia Beller Delgadillo, quien sufrió un ataque armado y luego culpó a su expareja, el consultor político, Fernando Cerimedo, solicitó asilo diplomático en la embajada de México. El Gobierno confirmó la solicitud y anunció que otorgará el salvoconducto correspondiente.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores recibió, el 4 de noviembre de 2026, la comunicación oficial de la Embajada de México mediante la cual se informó sobre la concesión de asilo diplomático a la señora Beller Delgadillo y se solicitó el correspondiente salvoconducto”, indica un comunicado difundido la noche del domingo.
La solicitud de asilo político surge después de que la activista y excandidata del Movimiento Al Socialismo (MAS) alertó que el Gobierno podría intentar aprehenderla y activar una causa penal en su contra por un supuesto complot contra la administración del presidente Rodrigo Paz. Según Beller, su eventual detención tendría como propósito desviar la atención del contenido de los audios filtrados atribuidos al exasesor presidencial.
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En su comunicado, la Cancillería precisó que, durante la reunión bilateral entre los ministros de Relaciones Exteriores de Bolivia y México, realizada en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, no se asumió ningún compromiso para otorgar el salvoconducto ni se acordó su entrega tras el retorno del canciller boliviano.
“La solicitud se encuentra en evaluación por las instancias correspondientes del Estado boliviano, considerando las disposiciones del ordenamiento jurídico nacional y las obligaciones internacionales aplicables, sin que hasta la fecha se haya adoptado una decisión ni emitido una respuesta formal al respecto”, finaliza el documento.
No obstante, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó a Unitel que el órgano Ejecutivo aprobará la solicitud de salvoconducto para que Beller pueda abandonar el país rumbo a México.
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Sin embargo, la autoridad afirmó que la aprobación del trámite de asilo político no implica suspender las investigaciones por el atentado armado de agosto y los casos relacionados con la activista.
El caso de las grabaciones tomó dimensión política por las conversaciones difundidas desde agosto, en las que se mencionan presuntas disputas por espacios de poder, decisiones gubernamentales y posibles negociados en sectores como hidrocarburos y empresas estatales.
Beller cuestionó que las investigaciones se concentren en identificar quién filtró los audios y no en esclarecer las presuntas irregularidades mencionadas en ellos.