La Confederación Nacional de Jubilados de Bolivia exigió al presidente del Estado, Rodrigo Paz, presentar las pruebas correspondientes del supuesto desfalco de los aportes a la Gestora Publica en el último Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), mientras tanto, considera que la advertencia del mandatario es un intento de privatizar la institución.
El secretario general del sector de os jubilados del país, Rodolfo Ayala, manifestó que las declaraciones de Paz generar especulación y preocupación en los trabajadores.
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“Con todo respeto, antes de dar esa información tenemos que tener documentación. Antes de decir que se lo han robado la plata, deberíamos haber hecho una auditoria interna y externa, como habíamos solicitado en su momento”, afirmó.
Ayala considera que el mandatario está siendo mal asesorado, pues constantemente sale a hacer denuncias, aunque no existen los documentos que avalen las mismas.
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“No puede ser posible que el presidente esté siendo mal asesorado en este tema”, criticó.
El pasado lunes, el jefe de Estado afirmó que la Gestora Pública no cuenta con los aportes que millones de trabajadores destinan cada mes a la institución para su futura jubilación. “No está sus aportes en la Gestora, se los gastaron”, sentenció.
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Las reacciones no tardaron en llegar. El exgerente de la Gestora Pública, Jaime Durán, desmintió al presidente y aseguró que los recursos están invertidos en diferentes instrumentos. Aclaró que el despilfarro total de los aportes de los trabajadores implicaría una quiebra masiva del sistema financiero, ya que el 51% de los aportes están depositados en depósitos a plazo fijo en entidades bancarias del país.
A su turno, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, sostuvo que Paz se refería a que la Gestora no volverá a ser más “la caja chica” de los gobiernos de turno y garantizó el pago puntual de todas las jubilaciones.
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El dirigente Ayala insistió en que el mandatario debe presentar pruebas de su acusación, caso contrario, debe “pedir disculpas” a los aportantes por la susceptibilidad generada.
“Lo que nosotros no vamos a permitir es que se esté dando una mala orientación a todos los aportantes (…), no quisiera saber que con este argumento quieran privatizar la Gestora Pública porque eso no lo vamos a permitir”, aseveró.
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Por su parte, el ejecutivo de la COB, Mario Argollo, cuestionó que el Gobierno maneje de manera irresponsable los datos de la Gestora Pública, por lo que demandó mayor transparencia y no alarmar a la población.
Según Argollo, la narrativa de que algo no funciona o está “plagado de corrupción”, siempre fue usada para que entidades públicas pasen a manos de privados.
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En ese sentido, el dirigente obrero anunció que solicitará un informe al jefe de Estado para conocer bajó qué criterios realizó tal afirmación.