La Fiscalía Departamental de Chuquisaca admitió este viernes una denuncia penal interpuesta por dos magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en contra de sus colegas que permanecen en funciones tras una ampliación de mandato indefinido.
La acción fue presentada el 12 de noviembre por las magistradas, Paola Prudencio Candia y Amalia Laura Villca, electas en los comicios judiciales de 2024, quienes sostienen que la determinación vulneró la Constitución Política del Estado (CPE) y prolongó de forma irregular funciones que debían concluir en 2023.
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Los denunciados son Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yván Espada Navia, Karem Lorena Gallardo Sejas, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo Gallardo.
La causa fue asignada a un fiscal especializado para el inicio de la investigación preliminar por los delitos de acoso político contra mujeres y falsedad ideológica, informó el fiscal Mario Durán.
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“La Fiscalía Departamental de Chuquisaca, mediante la Unidad de Análisis, ha realizado el test de admisibilidad de la denuncia y, a la fecha, la misma fue admitida por los delitos de acoso político contra mujeres y falsedad ideológica”, declaró.
Explicó que la denuncia fue admitida después de la subsanación de observaciones y que el caso pasa ahora a la etapa de indagación penal en cumplimiento del Código Penal.
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Durán señaló que el Ministerio Público procederá con los actuados correspondientes “en observancia del principio de obligatoriedad” y que el juzgado asignado deberá ejercer control jurisdiccional.
La acción judicial apunta directamente al Auto Constitucional Plurinacional 070/2025-O que habilitó una tercera autoprórroga, emitida el 31 de octubre, de los denunciados. Paola Prudencio denunció que el documento fue aprobado en un ambiente rodeado de “completo hermetismo” y sin la participación de los cuatro magistrados electos.
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Según la magistrada electa, la resolución invade competencias del órgano Legislativo porque impide cesar a los magistrados prorrogados mientras no existan nuevas autoridades electas.
Días atrás, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, expresó su respaldo a la denuncia de las magistradas y consideró que el auto constitucional “impone frenos” a la Asamblea Legislativa. “No podemos reconstruir el país si seguimos tolerando este tipo de ilegalidades”, afirmó.