La Cámara de Senadores aprobó un informe que establece que los hechos suscitados el 26 de junio de 2024 en la ciudad de La Paz, cuando efectivos militares y tanques irrumpieron en plaza Murillo, corresponden a un “alzamiento armado” y no así a un intento de golpe de Estado, como sostiene el Gobierno nacional.
El documento fue realizado por una comisión especial conformada para investigar a los sucesos que enmarcaron la avanzada militar liderada por el entonces comandante del Ejército, general Juan José Zúñiga.
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“Esto fue un movimiento militar, aparentemente, de carácter distractivo (…) No ha sido en ningún momento un golpe de Estado, para nada. Las investigaciones que hemos hecho con los que están (investigados y) privados de libertad (indican que) no hubo ningún tipo de preparación, en absoluto, (para ese fin); solo señalan al general Zuñiga”, declaró el senador oficialista y miembro de la comisión, Félix Ajpi.
El parlamentario indicó que los testimonios recabados en la investigación apuntan al exjefe del Ejercitó como responsable de la avanzada militar, pero en los mismos “no existe acuerdo” para confirmar la versión de un presunto intento para romper el orden constitucional.
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Por su parte, el también integrante de la comisión del Senado, William Torrez, aseguró que todos los elementos recolectados establecen que “existió un alzamiento armado, no un golpe de Estado ni autogolpe como inicialmente se conjeturaba”.
Detalló que en el informe final identificaron a profesionales y personas que obstaculizaron la pesquisa entre jueces, fiscales y policías, y los delitos en los que incurrieron.
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Ajpi acusó al órgano Ejecutivo de impedir que la comisión pueda conseguir la versión de Zuñiga, del principal acusado en el caso, pese a que el militar expresó su disposición de brindar su testimonio.
“Él (Zuñiga) pidió entrevistase con nosotros, con su abogado, pero el órgano Ejecutivo no lo permitió en, incluso, tres ocasiones”, afirmó.
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En ese marco, Torres puntualizó que el informe recomienda iniciar las acciones legales contra otros presuntos implicados, entre ellos el exministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, a quien señalan por presuntamente ordenan la detención de efectivos militares. Además, plantea la reincorporación de los uniformados que fueron dados de baja por estos hechos.
El documento fue presentado este miércoles ante el pleno del Senado, donde se aprobó una resolución camaral que, en consecuencias, aprueba el informe de la comisión especial.
Zúñiga cumple una detención preventiva en la cárcel, a la espera de los resultados del juicio oral del proceso.