Autoridades del Órgano Judicial cerraron filas en respaldo a las acciones impulsadas por el presidente del Tribunal Supremo Justicia (TSJ), Romer Saucedo, para destituir a los magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Además, señalaron que dicha intención no afecta ni pone en riesgo la segunda vuelta electoral.
“No se han puesto en riesgo las elecciones de la segunda vuelta”, expresó la decena del TSJ, Rosmery Ruiz, quien agregó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) es la institución responsable del administrar los comicios presidenciales y no así el TCP.
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También descartó que se pretenda “descabezar” al TCP y recordó que los cuatros magistrados electos en diciembre de 2024 pueden emitir fallos en eventuales casos que surjan durante el periodo electoral.
A su turno, el presidente del Concejo de la Magistratura, Manuel Baptista, sostuvo que las iniciativas penales de Saucedo contra los magistrados “autoprorrogados” no responden a intereses personales, sino a una labor institucional.
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Ratificó la coordinación y cooperación mutua entre autoridades del Órgano Judicial y afirmó que, si existe un problema, es con los magistrados cuyo mandato finalizó en 2023. “La institucionalidad democrática se debe respetar respetando la norma y con esto recobramos la independencia judicial, la seguridad que requiere la población en sus administradores de justicia”, indicó.
Baptista manifestó que no entrarán en una confrontación directa con los magistrados cuestionados, pero remarcó que, en caso de que los altos funcionarios judiciales permanezcan en sus cargos, impulsarán el proceso penal interpuesto por el presidente del TSJ por el delito de usurpación de funciones y resoluciones contrarias a la Constitución.
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Asimismo, anunció que se brindará protección y resguardo al juez que sea asignado al proceso penal.
Por su parte, el titular del Tribunal Agroambiental, Cristian Méndez, detalló que la demora en la culminación de los cinco magistrados “constituye un quiebre del sistema constitucional y el desconocimiento de la soberanía democrática.
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“Nos encontramos sumidos como Bolivia en una crisis económica, una crisis institucional y, por qué no decirlo, una crisis moral. Es momento de reencauzar y garantizar la seguridad jurídica y el debido proceso a la población boliviana”, afirmó.
Saucedo presentó la anterior jornada una denuncia ante la Fiscalía de Chuquisaca contra Gonzalo Miguel Hurtado, René Yvan Espada, Karem Lorena Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo, magistrados del TCP que debieron finalizar funciones has dos años, sin embargo, se prorrogaron en el cargo mediante resoluciones que postergaron las elecciones judiciales.
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En respuesta, los “autoprorrogados” aseguraron que la denuncia busca “generar incertidumbre sobre la transparencia y la continuidad del proceso electoral”, amenazando la democracia y la segunda vuelta electoral”.