Este viernes, la defensa de Eva Copa, Frank Campero, aseguró que su cliente no acepta la retractación del dirigente evista, Ponciano Santos; y re afirma se emita una sentencia condenatoria “ejemplarizadora” por el delito de violencia política hacia las mujeres.
«La alcaldesa Eva Copa no aceptó las disculpas del señor Santos, y además no hemos sido notificados de manera oficial para pronunciarnos específicamente», remarcó Campero
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El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) del ala ‘evista’, Ponciano Santos, emitió a través de un video su disculpa sobre la arremetida suscitada hace meses, en la cual denominaba a la burgomaestre de “mujersuela” durante un acto público en Caracollo.
De ese modo Copa denunció a Santos por la presunta comisión de los delitos de violencia política contra mujeres, instigación pública a la discriminación, al odio y al racismo contra una mujer.
“Con el mayor sentido de responsabilidad, expreso mis más sinceros arrepentimientos por las palabras emitidas”, afirmó Ponciano desde una celda policial la pasada jornada.
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En ese aspecto, tras la publicación del acusado Campero recordó que, según el Código Penal y la Ley 348 (Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia), “la conciliación es posible, pero requiere el consentimiento de ambas partes, lo cual no ocurrió”.
Además de informar que: “La Alcaldesa no va a pedir ni un centavo. No se busca ningún tipo de resarcimiento económico. Lo único que se exigirá es una sentencia que siente precedente, para que las mujeres no sigan siendo violentadas”, según la declaración del abogado.
El dirigente, fue detenido el 16 de mayo mientras se llevaba a cabo una movilización en demanda a la inscripción de Evo Morales a la papeleta electoral. Para luego ser acusado formalmente por “violencia política” tras este suceso con la candidata por Morena.
Es investigado también por su presunta participación en los bloqueos que afectaron al país entre octubre y noviembre de 2024, por delitos relacionados con terrorismo e instigación pública a delinquir.