La Defensoría del Pueblo presentó en Potosí el informe de Situación de la Conflictividad en Bolivia de junio de este 2025, que detalla las consecuencias humanas y sociales que dejaron los bloqueos evistas especialmente, en Cochabamba y Llallagua, en Potosí, durante el 2 y el 16 de junio.
El reporte, que aún tiene el sello de “preliminar”, reveló dos decesos, que al inicio de los conflictos no fueron contabilizados oficialmente por las autoridades. El primer deceso reportado y ahora atribuido a los bloqueos evistas fue el de Nemecio Cuiza Canaviri, adulto mayor de 73 años, quien falleció el 9 de junio (dos días antes de los violentos sucesos de Llallagua) en la carretera Oruro–Cochabamba, presumiblemente a raíz de un paro cardiaco fulminante.
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Sin embargo, el caso de mayor gravedad y que pasó desapercibido durante los conflictos, fue el de Samuel Cruz Gutiérrez, de 19 años, fallecido en Cruce Arque (Cochabamba) durante el desbloqueo del 12 de junio, presuntamente por el impacto de un proyectil de un arma de fuego, según se lee en el informe del Defensor.
la Defensoría contabilizó ocho fallecidos, en los bloqueos registrados en Llallagua y Cochabamba, dos civiles, dos personas del sector movilizado y cuatro efectivos policiales. Además, se registraron 173 heridos, entre manifestantes, pobladores ajenos al conflicto y fuerzas del orden.
Los policías fallecidos en Llallagua fueron los subtenientes Brayan Jorge Barrozo Rodríguez, Carlos Enrique Apata Tola y el sargento Jesús Alberto Mamani Morales. En Cochabamba murió el subteniente Christian Calle Alcón.
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Entre los civiles, están Nemecio Cuiza Canaviri (73) en Tapacarí y el estudiante Vladimir Aguilar Choque (18) en Llallagua. Cornelio Franco Ramírez (28) en el desbloqueo de Silla K’asa y Samuel Cruz Gutiérrez (19) en Cruce Arque. Estos dos últimos de los sectores movilizados.
En cuanto a las aprehensiones, el reporte detalla que 201 personas fueron detenidas, 36 con detención preventiva y 32 con procesos penales activos por delitos como uso de explosivos, atentado a la seguridad del Estado, asesinato y tentativa de homicidio.
También se documentaron cuatro casos de agresiones a periodistas, ocho incidentes de obstrucción a ambulancias y ataques al personal médico, además de hechos de violencia contra transportistas.

