El Gobierno de los Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua luego de que el mandatario sandinista continuara su avance contra la oposición y detuviera a cuatro dirigentes que podían competir con él en las elecciones de noviembre.
Las medidas punitivas alcanzan “a cuatro personas que apoyan al régimen de Ortega, un régimen que ha socavado la democracia, abusado de los derechos humanos de la población civil, promulgado leyes represivas con graves consecuencias económicas e intentado silenciar a los medios informativos independientes”, dijo el Departamento del Tesoro en un comunicado.
“Las acciones del presidente Ortega están perjudicando a los nicaragüenses y llevando al país a una mayor tiranía (…) Estados Unidos continuará exponiendo a aquellos funcionarios que continúan ignorando la voluntad de sus ciudadanos”, advirtió Andrea Gacki, directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.
Las personas incluidas en la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro de los EEUU son Camila Antonia Ortega Murillo, hija de Ortega y coordinadora de la Comisión de Economía Creativa; Leonardo Ovidio Reyes Ramírez, presidente del Banco Central; Edwin Ramón Castro Rivera, diputado de la Asamblea Nacional; y Julio Modesto Rodríguez Balladares, general de brigada.
Las medidas bloquean todos los activos de los funcionarios señalados y los congelan fuera del sistema financiero estadounidense.
Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, reiteró que la administración de Biden pidió a Ortega “que libere inmediatamente a los candidatos presidenciales, así como a otros líderes de la sociedad civil y de la oposición que han sido arrestados durante la última semana”.
La primera detenida fue Cristiana Chamorro, prima de Juan Sebastián, hija de la ex mandataria Barrios de Chamorro y la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las presidenciales de noviembre próximo.
Efectivos de la Policía ingresaron el miércoles 2 de junio a su domicilio con una orden de “allanamiento y detención” emitida por una jueza local. Tras cinco horas de allanamiento, a las 5:15 pm (hora de Managua) Cristiana quedó bajo arresto domiciliario, según reveló su hermano Carlos Fernando Chamorro.
El Ministerio Público de Nicaragua la acusó por los delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos.
La Fiscalía del régimen sandinista también solicitó la inhabilitación para cargos públicos a Chamorro Barrios, “por no estar en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos por encontrarse en un proceso penal”.
Tras ella fue arrestado también Arturo Cruz, embajador en Estados Unidos del Gobierno de Ortega entre 2007 y 2009. Fue retenido el sábado en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, de Managua, cuando regresaba de una gira por EEUU, informó su equipo de prensa.
Cruz, precandidato presidencial por la opositora Alianza Ciudadana, arribó a Managua a las 09:00 hora local (15:00 horas GMT), pero tres horas después aún se encontraba en el interior del aeropuerto y sin responder llamadas ni mensajes a su teléfono celular.
Cuando ya habían pasado varias horas del sábado sin que se conociera el paradero del candidato y también ex embajador, el Ministerio Público de Nicaragua confirmó su detención: “Fue detenido (…) y está siendo investigado por contar con fuertes indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo”.
El tercer arrestado fue el dirigente opositor y candidato presidencial Félix Maradiaga Blandon. En un comunicado, la Policía Nacional informó que fue acusado de una serie de delitos como “desestabilización”, “proponer bloqueos económicos”, “aplaudir la imposición de sanciones contra Nicaragua” y “lesionar los intereses supremos de la nación”.
Maradiaga, un académico y activista, fue detenido después de comparecer a declarar ante la Fiscalía, donde le confirmaron que le habían abierto una investigación por “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”, por lo que, según dijo a los periodistas, estaba preparado para lo que viniera.
El martes, la Policía Nacional nicaragüense informó que detuvo también al economista José Adán Aguerri Chamorro, ex presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), principal patronal de Nicaragua, y a la dirigente opositora Violeta Granera.
Tanto el dirigente empresarial como la activista opositora fueron arrestados bajo la acusación de “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos” y “pedir intervenciones militares” contra el régimen que preside el sandinista Daniel Ortega, dijo la Policía Nacional en una declaración.
La Policía aseguró que Granera, que aspiró a la Vicepresidencia de Nicaragua en las elecciones de 2016 y pertenece al Consejo Político de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, “permanece en su casa bajo custodia policial”.
Mientras el ex titular del Cosep fue trasladado a las cárceles preventivas de la Dirección de Auxilio Judicial Nacional, en Managua.
“Ambos son investigados por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”, señaló la Policía Nacional.
Tras las detenciones de los candidatos opositores, el gobierno de Estados Unidos dijo el martes que los arrestos confirman que Ortega es un “dictador”, y pidió a la comunidad internacional que “lo trate como tal”.
INFOBAE