La Paz, 30 de mar (Radio Splendid).- La Defensoría del Pueblo solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar para proteger a las 209 bolivianas y bolivianos que se encuentran varados cerca de la frontera con Chile, impedidos por el Estado boliviano de retornar al país durante el periodo que dure la emergencia sanitaria y cuarentena total.
El anuncio lo hizo la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, tras la decisión del Gobierno de no permitir que estas personas, que desde hace días pernoctan en la población chilena de Huara, puedan ingresar a territorio nacional mientras duren las restricciones sanitarias.
“Se ha pedido a través de la vía humanitaria y a través de notas formales a la Presidencia, a los «ministerios de Defensa, Gobierno y a la Cancillería, que asuman acciones de protección para esta población y no hemos recibido ninguna respuesta; se ha advertido que existe una vulneración de derechos humanos al no permitirles retornar al país, no de forma irrestricta sino cumpliendo los controles de sanidad y de bioseguridad que se tienen que implementar a cualquiera que decida por cualquier causa movilizarse internamente o quiera regresar a su patria”, reclamó.
Cruz dijo que se pide al Estado que atienda a estas personas, que en un momento eran 150 y ahora son 209, entre las que se encuentran niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas y personas adultas mayores. “Corresponde al Estado boliviano hacerse cargo de sus connacionales”, apuntó.
La imposición de consignas como “nadie sale, nadie entra” solo develan la incapacidad de controlar la pandemia en nuestro país, el problema no está en permitir el retorno de este grupo, sino en que el Estado no quiere aplicar los protocolos de bioseguridad y sanidad, que reiteradamente señala estar ejecutando.
“Los casos de COVID-19 importados al país son de entera y única responsabilidad del Gobierno, porque después de anunciar y señalar, en conferencias de prensa, que se procedía al cierre de fronteras, no existieron controles en las personas que llegaban del extranjero; pretender responsabilizar a la población del incumplimiento de sus deberes, resulta una afrenta a los derechos humanos.
La Defensora anunció también, que la institución defensorial asumirá acciones respecto a las 729 personas que se encuentran varadas en distintas regiones del país sin poder retornar a sus domicilios “debido a la la forma intempestiva, accidentada y no planificada en la emisión de decretos supremos que impiden la movilidad interna”.
Muchas de estas personas, dijo, se encuentran en situación de precariedad y con pocos recursos, sin asistencia sanitaria, sin seguimiento por parte de alguna instancia de salud, sin ningún tipo de enfermedad; que han dejado en sus casas o en sus regiones a sus hijos, a personas con discapacidad, a persona adultas mayores, padres o madres que dependen de ellos.
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