Cochabamba, 23 feb (Radio Splendid).- La pesadilla que vive Tiquipaya con el desastre natural de las intensas lluvias que provocaron, riadas, inundaciones y la mazamorra que arrastró todo lo que encontró a su paso, es repetida ante la constatación del abandono de las autoridades de Estado, la deforestación provocada por los loteadores, el chaqueo y la falta de planificación para el crecimiento demográfico del lugar.
La historia es repetida desde inicios de este nuevo siglo, de ser un barrio alejado de la urbe cochabambina una inusitada explosión demográfica provocó un crecimiento desmesurado y no planificado del desarrollo urbanístico. Así los primeros que hicieron tabla rasa del Parque Nacional Tunari, no fueron las urbanizaciones copadas por ex trabajadores mineros, legalmente establecidos; sino por los asentamientos y por la depredación de loteadores, que a vista y paciencia de las autoridades municipales, hicieron lo que quisieron.
El terreno está erosionado, sin vegetación. Y con las lluvias se ha vuelto más frágil, por lo que el riesgo de más deslizamientos sobre la cuenca Taquiña es inminente. La deforestación no sólo es por la acción depredadora de loteadores; sino también por el chaqueo. En 2019, se quemaron 1.300 hectáreas del parque nacional, sobre todo, en el eje metropolitano, Sacaba y Sipe Sipe.
Tiquipaya a los píes del Parque Nacional Tunari, sufre además de dos fallas geológicas. La primera la de hace dos años por el desprendimiento de un talud y la segunda es una “fractura” que tiene una alta probabilidad de desprendimiento, explicó el secretario de la Madre Tierra de la Gobernación Alan Lisperguer.
No se vislumbra que más allá de la atención de emergencia, que ahora, se vuelca el Estado, no hubo, ni hay una política real e integra para el manejo de la cuenca, así el 2012 dejo de funcionar el Programa de Manejo Integral de Cuencas (Promic), y fue reemplazado por el Servicio Departamental de Cuencas (SDC), de la Gobernación, no logró continuar con el trabajo de proteger las cuencas y tampoco pudo realizar grandes intervenciones, porque se le asignó un presupuesto ínfimo de 2,5 millones de bolivianos, cuando sólo para Tiquipaya se necesitan 25 millones.
Y la historia de muerte, dolor y llanto volvió a repetirse pasaron cuatro años desde la primera alerta del riesgo que corren las personas que viven cerca de los ríos Taquiña, Khora y otros de Tiquipaya. En 2016 murieron Alejandra Candia Granado (23), su bebé de nueve meses y Arthur Orihuela (4), por el desborde de las quebradas que un grupo de loteadores tapó para traficar con la tierra.
Esa riada afectó a Linkupata, Retamas, Chilimarca, Trojes, Pucun Pucun, 26 de Febrero, Satélite y Lirios. Sólo en Chilimarca y Linkupata, al norte del municipio, hay 200 hectáreas urbanizadas sobre torrenteras, según datos del INRA. Pese a los intentos de desalojo la gente se queda, como condenada a vivir ahí, porque no tienen a dónde ir.
En 2018 se volvió a repetir la historia; pero con más fuerza por el aluvión registrado el 6 febrero. Cinco personas murieron: Gamaliel Rojas (12), Héctor Torrico (77), Teodoro Acuña (78), Paulina Montaño (42) y Janeth Nina (37).
El recuento de los daños: 122 casas destruidas, más de 300 dañadas y cerca de 30 familias que debían ser reubicadas. Durante todo un año se retiraron 560 metros cúbicos de material, se construyeron seis disipadores y faltan 15 más. Sin embargo, dos años después, en 2020, un nuevo desastre da cuenta de que el trabajo fue insuficiente, porque la deforestación y las quemas no paran en el Tunari, donde se originan los deslaves.
En el cerro Linkupata, el sitio más cercano al deslizamiento que se registró el 6 de febrero de 2018, hay al menos 20 incendios al año.
El desborde del río Taquiña, que ocasionó grandes daños a viviendas en Tiquipaya, Cochabamba, es resultado del abandono de las autoridades del Estado, la deforestación que realizaron loteadores para vender terrenos sobre la torrentera, por lo que las causas del desastre serán investigadas a fondo, declaró Murillo.
“El problema de fondo, todos lo sabemos, es la deforestación, los loteadores. Gente engañada a la que le han vendido terrenos dentro la torrentera, por encima de la torrentera, les hemos pedido a los vecinos que hagan comisiones, no podemos seguir viviendo así (…), los responsables van a tener que rendirle cuentas a la gente y a la justicia”, declaró el ministro Murillo, en su inspección en Tiquipaya.
La historia podría no tener fin sino se aborda de manera integral el manejo de las cuencas, la canalización de ríos, torrenteras, la urgente necesidad de dotar de un sistema de alcantarilla para las urbanizaciones legalmente establecidas en el lugar. Regularización catastral, con un efectivo control y seguimiento del crecimiento y urbanización de la zona por parte del Municipio y Gobernación. Sólo son atisbos para despertar de una pesadilla de llanto y dolor de la que no puede despertar Tiquipaya.
Con datos de Los Tiempos, Opinión, Gobernación de Cochabamba