La Paz, 13 may (Radio Splendid).- El Viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, aseguró hoy que tomarán en cuenta el pedido de extradición de Brasil por Montenegro e indicó que sigue en curso la prueba del polígrafo a las autoridades policiales, descartó que el ministro Romero se someta a la prueba.
Por otra parte el fiscal de distrito de Santa Cruz, Mirael Salguero, informó que Brasil debe ratificar el pedido de extradición de pedro Montenegro, para que el proceso siga su curso, debido a que dicha solicitud fue hecha en 2015.
“Hay un pedido, una solicitud de 2015; queda un auto supremo que ordena la detención preventiva con fines de extradición (y) es uno de los motivos por el cual ha sido aprehendido. En todo caso tiene que seguir el trámite que demora un tiempo y el país (que requiere este proceso) tendrá que ratificar (…) y ese trámite se procesará en el Tribunal Supremo de Justicia”, dijo el Fiscal en entrevista con la red Unitel.
El domingo, el canciller Diego Pary indicó que si bien ese procedimiento debe tramitarse mediante la Fiscalía y el Órgano Judicial, dicha solicitud debe llegar primero a esta cartera de Estado para que luego continúe su curso. Sin embargo, “en este caso no hay ninguna solicitud de extradición (para Pedro Montenegro) por parte de Brasil”, dijo en conferencia de prensa.
Salguero explicó que en Bolivia, al narcotraficante se le iniciaron procesos por legitimación de ganancias ilícitas; falsedad material, ideológica, uso de instrumento falsificado; y por tráfico de sustancias controladas.
El Fiscal Departamental agregó que en relación a los nombres de autoridades judiciales que fueron señalados por el director nacional la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Maximiliano Dávila, en la presentación de Montenegro el sábado, “serán citados a declarar” en los próximos días.
Asimismo dijo que, con respecto al colombiano Enrique Villarroel, el líder de la organización de tráfico de drogas en la que estaría vinculado Montenegro, se realizarán las gestiones para coordinar e intercambiar información con la Policía de Colombia para evaluar una posible extradición del sindicado a Bolivia.