El presidente del Estado, Rodrigo Paz, aseguró que octubre –mes generalmente vinculado con altos niveles de conflictividad social– no estará marcado la presente gestión por movilizaciones y bloqueos, sino por una ofensiva contra la corrupción y estructuras mafiosas.
Recordó que octubre tiene un fuerte significado en la historia política reciente de Bolivia y remarcó que el actual mes debe convertirse en un periodo de esperanza para la población.
“Algunos indicaban que este octubre iba a ser un ‘octubre negro’, si, para las mafias, para los corruptos. Para todos aquellos que atacan a los bolivianos que trabajan, estudian, que quieren criar a sus hijos en paz. Octubre tiene que ser un mes de esperanza para los bolivianos, no de los bloqueadores”, afirmó durante el acto de reconocimiento al fiscal general interino, José Armando Urioste, realizado en la ciudad de La Paz.
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El mandatario reiteró que el país atraviesa momentos complejos, pero afirmó que su administración tiene el desafío de impulsar transformaciones en beneficio de la población.
En los últimos días, organizaciones sociales y sectores afines al expresidente Evo Morales anunciaron movilizaciones en rechazo a las políticas económicas del órgano Ejecutivo, principalmente contra la eliminación de la subvención al diésel y otras medidas de ajuste.
Los mismos sectores protagonizaron, junto con la Central Obrera Boliviana (COB) y dirigentes campesinos, un bloqueo de carreteras entre mayo y junio que se extendió durante 53 días. En ese entonces, los sectores sociales dejaron en segundo plano sus reclamos y demandas para exigir la renuncia del presidente Paz.
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Entre tanto, el Gobierno mantiene su posición respecto a las medidas aplicadas sobre el precio de los combustibles y descartó restaurar el subsidio al diésel. Asimismo, ratificaron que el precio subvencionado de la gasolina y el Gas Licuado de Petróleo (GLP) se mantendrá por el momento, aunque reconoció que también habrá ajustes en sus costos durante la próxima gestión.
Desde el órgano Ejecutivo sostienen que estas decisiones forman parte de un proceso de “sinceramiento económico” y de compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).