La Alcaldía de La Paz detectó este lunes la desaparición de 30 vehículos municipales durante una verificación de activos realizada en los 58 parqueos de la entidad, por lo que anunció acciones legales para recuperar los bienes y establecer responsabilidades.
En conferencia de prensa, el alcalde Cesar Dockweiler informó que ya se logró localizar dos de los motorizados reportados como desaparecidos. Uno fue encontrado en una vivienda particular, pero estaba sin motor ni computadora, mientras que el segundo fue ubicado en el municipio de Coro Coro, donde circulaba con una placa distinta a la original.
“Hemos encontrado ‘auteros’ (dentro del Gobierno Municipal). Hemos realizado una revisión de los activos, hemos buscado los autos y, hasta este momento, no hemos logrado identificar 28 vehículos”, afirmó.
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Indicó que los primeros dos casos serán denunciados para iniciar los procedimientos destinados a recuperar los vehículos y cuestionó el procedimiento empleado para retirar motorizados municipales de dependencias oficiales y llegar a tallares mecánicos sin contar, aparentemente, con la autorización y documentación correspondiente.
Según Dockweiler, una de las hipótesis apunta a que los vehículos eran trasladados supuestamente a talleres para su reparación y posteriormente permanecían allí hasta desaparecer.
“Así había sido el procedimiento de los auteros: lo dejaban olvidado un tiempo y después desaparecía el vehículo”, sostuvo.
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Durante su exposición, el burgomaestre también denunció la identificación de cobros irregulares en la emisión de permisos, ejecución de trámites y licencias de funcionamiento, además de irregularidades relacionadas con computadoras, laptops, equipos y otros activos.
Responsabilizó a anteriores administraciones por la falta de control sobre el patrimonio municipal y afirmó que se debe establecer si exautoridades y funcionarios tuvieron algún grado de participación o conocimiento sobre las irregularidades.
“En el Gobierno Municipal de La Paz se han instalado mafias, grupos criminales dedicados a extorsionar a los ciudadanos para sus trámites. Retrasaban voluntariamente los trámites para después cobrar dinero”, sostuvo.
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Asimismo, Dockweiler informó que las labores de verificación permitieron detectar grupos de funcionarios que realizaban modificaciones ilegales al sistema de información catastral, con la finalidad de apropiarse de los terrenos. “Hacían desaparecer la información para quedarse con los terrenos”, señaló.
La autoridad calificó la desaparición de bienes municipales, la falta de control interno y las irregularidades detectadas como “graves” y anunció que las investigaciones determinarán a los responsables de la pérdida de los activos, así como de las supuestas redes ilícitas que operaban en la Comuna.