Ante la crisis económica y el impacto del levantamiento de la subvención al diésel, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, instó al Estado a adoptar medidas urgentes para proteger el derecho a la alimentación de las familias bolivianas.
El pedido se basa en el “Monitoreo del acceso a alimentos y su impacto en el ejercicio del derecho a la alimentación en Bolivia”, realizado en 10 ciudades capitales y El Alto entre el 31 de julio y el 25 de septiembre de 2026, que evidenció que 18 de 21 alimentos básicos registraron incrementos superiores al 100%, llegando algunos a superar el 200%.
El estudio revela además que el 71% de los hogares considera insuficientes sus ingresos para comprar alimentos, el 33% redujo el número de raciones diarias y el 76% destina entre el 50% y más del 90% de sus ingresos solo a comida, con una afectación diferenciada a personas adultas mayores y con discapacidad.
“Hay efectos negativos del levantamiento de la subvención del diésel que llegó a la mesa de la familia boliviana. Existe un incremento desmedido de precios e impacto a la alimentación, porque el presupuesto no alcanza”, afirmó Callisaya, quien advirtió una regresión en el ejercicio del derecho a la alimentación por cambios de hábitos y reducción del consumo esencial.
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En ese contexto, la Defensoría recomendó al nivel central medidas urgentes y diferenciadas para garantizar alimentos esenciales, pidió a gobernaciones y municipios fortalecer programas de apoyo a grupos vulnerables, reforzar controles de peso, inocuidad y precios en mercados, y a los Concejos Municipales ejercer fiscalización contra el agio y la especulación.