El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, solicitó al expresidente del Estado, Evo Morales, presentarse ante la justicia de manera voluntaria para evitar un posible “derramamiento de sangre” durante la ejecución de los mandamientos de aprehensión emitidos en su contra.
“Si él realmente quiere a Bolivia, si realmente le interesa Bolivia, debería dar el ejemplo como expresidente y presentarse ante la justicia”, afirmó la autoridad, de acuerdo a un boletín institucional.
El pronunciamiento de la autoridad surge en medio de los recientes bloqueos en el oriente bolivianos y constantes anuncios de movilizaciones después del Estado de excepción contra las políticas económicas del Gobierno, el desabastecimiento de combustibles y el aumento del precio de diésel para grandes consumidores.
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Luego que el órgano Ejecutivo logró alcanzar acuerdos con los sectores que activaron puntos de bloqueos en los departamentos de Beni y Santa Cruz, Justiniano sostuvo que detrás de las movilizaciones a una intención política de generar un escenario de conflictividad e inestabilidad, tras la reciente crisis social de mayo y junio.
En ese contexto, afirmó que el foco de las acciones estaría principalmente en el Chapare.
“Allegados de Evo Morales y el mismo Evo Morales están tratando de nacionalizar estas protestas”, sostuvo el Ministro, al diferenciar las demandas concretas de los productores de las posiciones políticas que, según su interpretación, pretenden sumarse al conflicto.
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El titular de la cartera de Defensa ratificó que ninguna persona está por encima de la ley y que Morales debe evitar que su situación personal sea utilizada como argumento para generar enfrentamientos entre el Gobierno con organizaciones sociales.
“Creo que él debería dar el ejemplo y evitar un derramamiento de sangre”, agregó la autoridad.
Morales permanece en la región del Trópico de Cochabamba, su principal bastión político, resguardado por seguidores desde octubre de 2024, cuando el Ministerio Público emitió una primera orden de detención dentro de una investigación por trata de personas, relacionado con su supuesta relación con una menor de edad durante su mandato presidencial.
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Posteriormente, la Fiscalía activó una causa penal en su contra por los 53 días de protestas y bloqueos registrados en mayo y junio de este año, medidas de presión que provocaron pérdidas económicas y obstaculizaron el traslado de pacientes hacia centros de salud.