Luego de tres años y ocho meses, la Justicia determinó este viernes poner fin al proceso penal iniciado contra autoridades y líderes de Santa Cruz por el paro de 36 días de 2022, realizado en demanda de la realización del Censo de Población y Vivienda.
La denuncia fue presentada el 11 de noviembre de ese año por el entonces secretario ejecutivo de la COR de El Alto, Marcelo Mayta Huanca, posteriormente se sumó el Viceministerio de Transparencia, en representación del Gobierno de Luis Arce. El proceso contemplaba acusaciones por racismo y discriminación, asociación delictuosa, desórdenes o perturbaciones públicas y terrorismo.
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Entre los procesados estaban el entonces gobernador Luis Fernando Camacho, el exrector de la Uagrm Vicente Cuéllar, el abogado José Luis Santistevan y el actual rector de la universidad estatal cruceña, Reinerio Vargas.
Santistevan calificó el caso como un “proceso penal armado por el centralismo” utilizado para “secuestrar” a Camacho durante tres años en Chonchocoro. “Los cruceños no nos doblegamos ante el abuso y el miedo”, afirmó y aseguró que la lucha “contra el centralismo va a seguir”.
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Por su parte, Vargas dijo que la decisión fue “un beneplácito” tras el sufrimiento de enfrentar el proceso. “Es una pérdida de tiempo, dinero, salud física y emocional. Esto demuestra que cuando uno persevera y no claudica; Dios da la fuerza”, señaló.
El abogado de Camacho, Martín Camacho, escribió en redes que con la extinción “se pone fin definitivo a cualquier tipo de persecución en contra del exgobernador” y que “el objetivo del MAS era perseguir a nuestros líderes y relegar a nuestro departamento”.