La diputada de la alianza Libre, Lissa Claros, denunció la presunta existencia de un «clan familiar» afín al gobierno, identificado como Torres-Medinaceli, vinculado a la venta irregular de cargos públicos y de áreas mineras en el departamento de Potosí. La legisladora señaló como cabecilla del grupo a Sergio Medinaceli, padre del ex ministro de Hidrocarburos, y lo vinculó directamente con su hijo Alejandro Medinaceli, actual diputado del PDC y considerado brazo derecho del presidente Rodrigo Paz. En la denuncia también fueron mencionados los parlamentarios Juan José Torres y Katia Aranda.
Según Claros, el grupo opera como una «logia de corrupción» que estaría acomodando cargos sin respetar la meritocracia, favoreciendo a familiares, compadres y allegados. Como ejemplo, citó el caso del actual gerente de ENTEL en Potosí, un abogado sin pertinencia profesional para el cargo, quien habría sido asistente de gestión pública (AGP) y parte de la campaña de la diputada Katia Aranda. De igual forma, denunció que el esposo de la misma legisladora figura actualmente como su AGP, lo que configuraría nepotismo y designaciones ilegales. La diputada afirmó que existen al menos 50 funcionarios designados de manera irregular.
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La segunda parte de la denuncia apunta a la minería ilegal. Claros acusó al ministro de Minería, Marco Antonio Calderón, de avalar contratos ilegales y el favorecimiento a particulares con concesiones mineras, pese a los esfuerzos de años para liberar áreas mineras para cooperativistas. «Todo el trabajo para liberar áreas ahora ya está concesionado a los amiguitos de estos señores que son parte del aparato del Estado», afirmó, asegurando que el 80% de la minería en Potosí sería ilegal y que la irregularidad se extiende a La Paz, Santa Cruz y Oruro.
Ante estos hechos, la parlamentaria potosina anunció el inicio de acciones legislativas. Informó que planteará una interpelación al ministro de Minería y una Petición de Informe Oral al ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño Zamora, para que explique por qué habría avalado la designación del gerente de ENTEL en Potosí. Asimismo, solicitará la intervención inmediata de la Contraloría General del Estado, del Ministerio Público y de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para investigar las designaciones, las concesiones y el presunto enriquecimiento ilícito por favorecimiento en razón del cargo.
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Claros cuestionó el discurso del gobierno de Rodrigo Paz sobre la erradicación de funcionarios masistas, asegurando que sus propios parlamentarios estarían «prebendalizando» las instituciones. «No vamos a permitir que utilicen al departamento de Potosí como su patio trasero. Alejandro Medinaceli es el mandamás en Potosí y hace lo que le da la gana, y sus operadores son estos dos diputados», sentenció. Advirtió que, junto a un equipo de juristas, continuará con las denuncias penales pese a intentos de intimidación y exigió sanciones inmediatas contra los responsables.