El presidente del Senado, Diego Ávila, informó este jueves que las bancadas de las dos cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) alcanzaron un acuerdo para impulsar el proceso de reforma constitucional.
Bajo el compromiso de las distintas fuerzas políticas, anunció que buscarán acelerar el procedimiento orientado a aplicar reformas de fondo en áreas como justicia, economía, autonomía, entre otras.
“Hemos alcanzado un acuerdo entre las distintas bancas para impulsar el proceso de la reforma constitucional. Ha habido proyectos en las cámaras de Diputados y Senadores, lo importante es que estamos con un acuerdo, con la voluntad de impulsar el proceso de la forma más rápida”, declaró en conferencia de prensa junto con representantes de las bancadas de Unidad y Libre.
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En las últimas semanas, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, y los líderes de Unidad y Libre, Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga, respectivamente, coincidieron en la importancia de implementar reformas en la Carta Magna para generar escenarios reales para fomentar la inversión privada y enfrentar la crisis de combustibles y energía que enfrenta el país.
El senador del Partido Demócrata Cristiano (PDC) indicó que la base para el acuerdo entre fuerzas políticas sería la propuesta presentada en conjunto con el diputado de Unidad, Carlos Alarcón, quien –según dijo– “encontró un camino que nos permita llevar delante de una forma más rápida”.
“Hemos alcanzado un acuerdo para las dos cámaras y generar una ley que nos permita avanzar en un plazo corto este proceso de transformación, renovación, cambio en la Constitución para permitir al país que tenga un nuevo modelo de desarrollo, que incorpore de mejor manera la articulación entre poderes”, indicó.
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En ese marco, anunció que convocará al órgano Ejecutivo y el resto de los poderes del Estado para coordinar los ajustes organizacionales y de competencias. Aclaró que no se trata de una reforma total, sino de realizar ajustes en artículos específicos.
La iniciativa plantea incorporar el arbitraje internacional en la Constitución Política del Estado (CPE) y quitar el rango constitucional a 31 artículos, entre ellos los vinculados a la propiedad de los hidrocarburos, el agua como derecho humano y la exclusividad de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la cadena productiva de carburantes y su comercialización.
Sobre el tema, el diputado Alarcón indicó que se trata de un “desafío histórico” para Bolivia, ya que contempla la eliminación de “candados constitucionales”, a los que atribuyó las problemáticas que encara el país.
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Explicó que el camino del proyecto de reforma parcial de la Constitución iniciará su camino en el Senado, ya que plantea ajustes a competencias autonómicas, luego será remitido a la Cámara de Diputados y, finalmente, será analizado en el pleno del órgano Legislativo para su posterior votación, donde deberá obtener un respaldo de 2/3.
En caso de ser aprobado en el ámbito legislativo, el proyecto sería incorporado a un proceso de referéndum aprobratorio que, en un plazo de cuatro meses, será ejecutado para que la población exprese su respaldo o rechazo mediante las urnas.
El proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Constitución se encuentra actualmente en la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Senadores, donde corresponde iniciar su análisis antes de su consideración por el pleno.
La actual Constitución Política del Estado (CPE) fue aprobada durante el Gobierno de Evo Morales en 2009.