El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, planteó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) deje de importar y comercializar combustibles de forma progresiva y que esa tarea la asuman operadores privados.
Velasco también pidió eliminar la subvención generalizada a los combustibles. La autoridad señaló que, con el precio actualizado del barril, el litro llegaría a 16,5 bolivianos. “La ayuda estatal debe dirigirse a las personas que realmente la necesitan, no al combustible”, afirmó.
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Como medida de transición, el gobernador propuso un bono directo de emergencia por tres meses para usuarios del transporte público. Después, migrar a un sistema tecnológico con la “tercera placa” o B-Sisa, que identifique electrónicamente al vehículo, registre kilómetros recorridos y aplique parámetros técnicos de consumo.
El objetivo, explicó, es focalizar la subvención solo en el transporte público efectivamente prestado y evitar que el beneficio se use de forma indiscriminada.
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Velasco señaló que Santa Cruz está preparada para articular con empresas privadas y proveedores internacionales que hoy no trabajan con el Gobierno Nacional, advirtió que mientras coexistan precio artificialmente bajo, escasez, contrabando y mercados paralelos, los privados no podrán competir y el problema de abastecimiento continuará.
“No se puede exigir al sector privado importar a precio internacional y obligarlo a competir con carburantes vendidos por debajo de su costo real”, sostuvo.