El ejecutivo de la Confederación Nacional de Transporte Libre de Bolivia, Limber Tancara, respaldó la intervención temporal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) dispuesta mediante el Decreto Supremo 5697, pero advirtió que el proceso debe ser técnico y no politizarse. «Es una medida que el gobierno tiene que hacer para intervenir correctamente. Yo creo que sí tiene que haber una investigación a profundidad, pero esperemos que sea neutral, que sea una investigación adecuada», afirmó. El dirigente pidió que el trabajo no se «contamine con un aspecto político» y aseguró que el sector está dispuesto a coadyuvar en el proceso.
Tancara recordó que la solicitud de intervenir YPFB no es nueva. Señaló que, en 2024, durante un gabinete social, el entonces ejecutivo nacional del sector, William Condori, ya le planteó al presidente Luis Arce la necesidad de intervenir la estatal, que en ese momento estaba a la cabeza de Armin Dorgathen. El dirigente vinculó ese pedido con la crisis de abastecimiento de septiembre de 2024, cuando el transporte de La Paz protagonizó un paro indefinido. En esa oportunidad, dijo, se firmó un acuerdo con el entonces ministro de Hidrocarburos, Franklin Gallardo, pero «en ningún momento parecía dar la cara el señor Armin Dorgathen».
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El dirigente del transporte libre explicó que a raíz de esa crisis presentaron notas pidiendo investigar por qué las empresas no estaban abasteciendo combustible. Posteriormente, según Tancara, se produjo el problema de la «gasolina basura» que se registró por primera vez en octubre de 2025 y continuó en diciembre, enero y hasta marzo de este año. Para el sector, esos hechos evidenciaron fallas en la gestión de la estatal petrolera y en los mecanismos de control.
Tancara sostuvo que las investigaciones no deberían limitarse a la detención del exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, ocurrida hace semanas. «Yo creo que esto debía ser ampliatorio, no simplemente a esa persona», afirmó. Mencionó también a exautoridades como Armin Dorgathen y Joseph Akli, a quienes señaló como responsables de continuar con un trabajo que tenía observaciones. De igual forma, cuestionó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y apuntó al exdirector nacional Germán Jiménez y a Margot Ayala por, a su juicio, no haber cumplido el rol de fiscalizar y controlar la distribución de carburantes.
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Finalmente, el ejecutivo de la Confederación acusó a esas exautoridades de ser «los precursores» de los problemas que enfrentó el transporte, como el desabastecimiento y la comercialización de gasolina de mala calidad. «Obviamente vemos que esas personas están de lo más cómoda, de lo más tranquila», lamentó. Tancara concluyó pidiendo que la intervención actual dé resultados concretos y que se cumpla al 100% el resarcimiento a los afectados por la gasolina adulterada.

