Los primeros resultados de la intervención a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) detectaron la existencia de 600 usuarios irregulares pertenecientes a funcionarios destituidos, pero que continuaban realizando nominaciones de combustibles.
“Se hallaron 600 usuarios que no eran parte de Yacimientos, que ya habían sido despedidos, que no eran parte, entraban, hacían nominaciones”, declaró el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, en conferencia de prensa.
La autoridad atribuyó a estas prácticas a posibles irregularidades en la regulación y distribución de combustibles en el país. Al respecto, el viceministro de Transparencia, Yamil García, afirmó que reciben denuncias relacionadas con el sector hidrocarburífero de manera constante y cuestionó que, pese a la existencia de sistemas digitales en YPFB, no exista una trazabilidad suficiente sobre el recorrido de los combustibles.
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“Diariamente, cada ocho horas, recibimos una nueva denuncia que tiene que ver con hidrocarburos, inclusive se hace referencia a que existiría un búnker digital de YPFB”, dijo.
García indicó que la intervención a la petrolera estatal y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) será determinar cuánto combustible llega al país, cómo se distribuye y quiénes son los beneficiados o perjudicados dentro de la cadena de abastecimiento.
Cuestionó también los criterios utilizados para asignar volúmenes de combustibles a las estaciones de servicio y señaló que durante las investigaciones preliminares surgieron referencias sobre posibles inconsistencias en la cantidad de carburantes transportados.
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Ante ello, el ministro Blanco anunció la destitución del “gerente Comercial” y que se tomarán las acciones legales contra los “malos bolivianos”. Asimismo, sostuvo que se encontraron varios “problemas” e indicios de corrupción que derivaron en el desvío de combustibles.
“Obviamente que las personas que han sido o tienen algún indicio de alguna responsabilidad van a ser removidas. No podemos seguir trabajando con delincuentes. No le digo que todos sean delincuentes, pero evidentemente que hay gente que está involucrada en algo raro, porque si no, no habría este desvío de combustible”, afirmó.
La autoridad cuestionó que las largas filas en las estaciones de servicio persistan en diferentes regiones del país, pese a que la estatal está importando más del 100% del requerimiento en el mercado interno.
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Sostuvo que “siguen desapareciendo las cisternas” e incluso existen denuncias sobre alteraciones en los GPS instalados en los distribuidores para desviar los carburantes.
La autoridad remarcó que las irregularidades detectadas justifican las intervenciones dispuestas por el órgano Ejecutivo y agregó que el Viceministerio de Transparencia tomará todas las acciones legales para identificar a “aquellos malos bolivianos que han atentado contra todos ustedes y contra nosotros”.
Este miércoles, el Gobierno instruyó la intervención de YPFB y, un día después, de la ANH, ambas entidades cuestionadas por los problemas en el abastecimiento de combustibles.
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Por último, el viceministro García sostuvo que los procesos de fiscalización no se limitarán a identificar posibles irregularidades, sino que también buscará plantear cambios estructurales para mejorar los mecanismos de control y distribución de combustibles.
Precisó que la función del ente regulador no será eliminada, ya que se encuentra establecida por la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley de Hidrocarburos; sin embargo, adelantó que podría plantearse una modificación institucional sobre la base de evaluaciones técnicas, administrativas y jurídicas.