La diputada de Alianza Libre, Lissa Claros, presentó peticiones de Informe Escrito al Ministerio de Economía y al Ministerio de Desarrollo Productivo para esclarecer la contratación de asesores que hoy intervienen en la compra de seguros de empresas estatales. La legisladora cuestionó que antes las compañías públicas contrataban directamente con las aseguradoras, sin intermediarios, y que ahora se crearon «grupitos de asesores» para cumplir una función que ya realizaban las propias empresas.
Según Claros, el Estado destina aproximadamente Bs 200 millones al año a la contratación de seguros para empresas públicas. De ese monto, unos Bs 10 millones irían a pagar a estos asesores. «Estamos planteando una petición de informe escrita para que puedan esclarecer por qué se ha contratado asesores para contratar seguros de varias empresas, cuando ni en el gobierno de Luis Arce Catacora se hacía esta contratación«, afirmó. La diputada señaló que en gestiones anteriores empresas como UNIVIDA y Uniseguros proveían los seguros a la mayoría de las estatales de forma directa, sin necesidad de terceros.
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La parlamentaria vinculó este esquema con el caso Cerimedo y advirtió que se trataría solo de «la punta del iceberg». «El tema de Cerimedo y Beller iba a traer muchísimas más irregularidades que develar«, sostuvo. Por ello pidió conocer quiénes son los asesores, quién los designó, bajo qué tipo de contrato trabajan y por qué se destinan esos recursos. «Creo que es momento de que la población boliviana sepa cómo están manejando el dinero de los bolivianos y bolivianas«, dijo.
Claros adelantó que, una vez obtenidas las respuestas a las peticiones de informe, planteará una denuncia por la vía penal por presunto daño económico al Estado. «Ni Arce se había atrevido a tanto, ni el gobierno del Movimiento al Socialismo nos había robado de frente como lo está haciendo este gobierno», acusó. La diputada calificó el hecho como «robarnos de frente, robarnos de manera descarada» y aseguró que no lo permitirán.
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Finalmente, la legisladora de Alianza Libre exigió transparencia y respuestas oportunas de ambas carteras de Estado. «Los bolivianos tienen derecho a saber cómo se maneja su dinero. Si existen irregularidades, las vamos a denunciar», concluyó. También busca esclarecer qué relación tendría este esquema de contratación con el caso Cerimedo y con otras presuntas redes de corrupción en el actual gobierno.