El Comité Cívico Pro Santa Cruz solicitó al presidente del Estado, Rodrigo Paz, acatar la resolución de censura de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en contra del ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, quien no asistió a la sesión de interpelación.
En la sesión ordinaria del martes, el órgano Legislativo rechazó la justificación presentada por la autoridad para no acudir al proceso respecto a “la gestión pública, la política monetaria y la planificación macroeconómica del Estado”. Posteriormente, la mayoría de los parlamentarios aprobó su censura, en medio de cuestionamientos sobre la legalidad de la decisión.
“La Asamblea, en la interpelación, a pedido del cese de funciones del ministro Espinoza, lo que le queda ahora al presidente (Rodrigo Paz) es aceptar y cumplir lo que se decidió”, afirmó el presidente de la institución, Stello Cochamanidis, quien cuestionó las excusas presentadas por el alto funcionario.
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Sostuvo que todas las autoridades deben responder al llamado de la Asamblea Legislativa ante todos los procedimientos de fiscalización, en el marco de sus obligaciones y en cumplimiento de la normativa vigente.
A criterio de Cochamanidis, la actitud de Espinoza refleja un “desinterés” por las disposiciones del segundo órgano del Estado y las labores de fiscalización. En ese sentido, dijo que “el presidente creo que tiene que entender el mensaje y tiene que acatar lo que se resolvió” en la sesión legislativa.
Desde el Gobierno, el vocero de la Presidencial, José Luis Gálvez, descartó la destitución de Espinoza porque – según la interpretación del órgano Ejecutivo – la resolución de censura obtuvo el respaldo de 91 votos, cuando se requiere de 111, ya que representa los dos tercios (2/3) del total de la Asamblea Legislativa.
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“El ministro Espinoza sigue en total ejercicio de sus funciones porque no corresponde” su censura, afirmó.
El funcionario citó el artículo 158 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece que para censurar a un ministro se necesita de “dos tercios de los miembros de la Asamblea”. Para Gálvez, el cálculo debe realizarse sobre el número total de parlamentarios y no sobre los presentes en la sesión.
Entretanto, el ministro Espinoza también cuestionó la legalidad de la determinación y anunció que acudirá al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para consultar si la decisión cumple con los parámetros constitucionales.