El diputado de Alianza Unidad, Carlos Alarcón, presentó ante el vicepresidente Edmand Lara un proyecto de ley de reforma parcial de la Constitución Política del Estado. La iniciativa busca generar condiciones para atraer inversiones, facilitar la aplicación de la Ley de Inversiones y eliminar la elección de autoridades judiciales por voto popular. Alarcón señaló que la reforma podría someterse a referéndum en diciembre.
Alarcón explicó que la propuesta plantea adicionar el Artículo 412 a la CPE para «desconstitucionalizar» 30 artículos de la Carta Magna. Con ello, sus contenidos podrán ser derogados, regulados y modificados por leyes de la Asamblea aprobadas con dos tercios de votos. Según el legislador, esos artículos son «candados del modelo económico hiperestatista e ideologizado del MAS» que impiden la llegada de grandes inversiones al país.
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Entre los principales «candados» que busca eliminar están la prohibición de los arbitrajes internacionales, la otorgación de contratos precarios a inversionistas que pueden quedar sin efecto por cualquier violación normativa, y las facultades amplias del Estado frente al socio estratégico. También propone derogar el parágrafo que castiga con 30 años de cárcel sin indulto la violación al régimen de recursos naturales, por considerarlo una fuente de inseguridad jurídica. Además, se incorporaría un Artículo 413 que prohíba la expropiación, nacionalización y estatización de inversiones nacionales y extranjeras.
En materia judicial, el proyecto plantea eliminar la elección de altos jueces y fiscales por voto popular. Alarcón sostuvo que los magistrados del Órgano Judicial, Tribunal Constitucional, Fiscal General y fiscales departamentales deben elegirse por meritocracia y excelencia profesional. Señaló que los detalles sobre requisitos, plazos y número de magistrados quedarían regulados por ley especial con mayoría calificada, sin necesidad de una reforma constitucional integral.
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El diputado aseguró que este mecanismo permite tratar de forma paralela la reforma constitucional y las leyes estructurales para el desarrollo económico. La propuesta incluye una disposición transitoria que obliga a la Asamblea a sancionar en un plazo máximo de un año todas las leyes sectoriales relativas a los artículos desconstitucionalizados. «Con pocos artículos se puede tratar rápidamente en la Asamblea y tener hasta diciembre la reforma aprobada por referéndum«, afirmó Alarcón, al advertir que el país está en riesgo de colapso energético si no se logran inversiones de gran magnitud.